Ciudad de México. En el marco del confinamiento por la pandemia de Covid-19, en lo que va del presente año se han registrado más de 10 mil ingresos hospitalarios de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de lesiones en su propio entorno familiar, advirtió la organización civil Save The Children (STC).

El colectivo señaló que los maltratos contra menores de edad se han intensificado no sólo por el encierro que forzó la emergencia sanitaria, sino también por la idea arraigada de que los menores pueden ser educados con golpes y humillaciones, por lo que es necesario impulsar a través de las leyes un proceso de cambio de mentalidad.

En entrevista con La Jornada, Nancy Ramírez, directora de incidencia política y temas globales de STC, advirtió que desde hace varios años se ha registrado un aumento de la violencia en contra de los infantes hasta llegar en la actualidad a “cifras sorprendentes e inadmisibles”, entre ellas que en 2020 ocurren en promedio 6 asesinatos diarios de niños y niñas.

Con base en estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Salud Pública, la organización destacó también que 6 de cada 10 menores de edad están siendo criados con formas violentas de disciplina, como golpes, humillaciones y amenazas.

El aumento en el uso de violencia contra las niñas y niños, destacó la especialista, ha provocado que en 2020 se hayan registrado más de 10 mil ingresos hospitalarios de infantes, debido a lesiones infligidas por algún familiar. “En principio, el hogar debería ser el espacio de mayor seguridad para ellos, pero desafortunadamente vemos que no es así”, apuntó.

El presente fenómeno, dijo, es producto de una dinámica de violencia que ya era notorio en años anteriores, como lo demuestra el hecho de que en 2015 se reportaron 126 mil 816 denuncias por violencia familiar, mientras que en 2019 llegaron a 210 mil 158 casos, lo cual significa un alza de 40 por ciento. En 2020, alertó, se espera que la cifra crezca aun más, sin considerar el subregistro de todas las víctimas que no denuncian.

En este contexto, Ramírez encomió que el Senado aprobara en septiembre un dictamen de ley que prohíbe el castigo corporal y humillante en contra de niños y niñas, pero advirtió que la iniciativa falta por ser confirmada en la Cámara de Diputados y, sobre todo, aún debe traducirse en campañas de información con un enfoque preventivo para aminorar esta práctica.

“Un primer paso importante es esta prohibición, pero no con el propósito de criminalizar a los padres y madres o hacer que vayan a la cárcel, sino para visibilizar que una nalgada, un empujón o un grito es violencia, y que no son justificables como métodos de crianza”, subrayó.

“Las instituciones deben asumir la responsabilidad de promover políticas públicas que le permitan a las mamás y papás poder identificar que esto es violencia y acceder a otras herramientas de crianza. Hoy, muchos de ellos no tienen otras formas de hacerlo, porque así fueron criados ellos”, apuntó.

Un punto clave, consideró Ramírez, es dejar de percibir el ámbito de lo familiar como algo absolutamente privado, en donde las instituciones no pueden incidir, y comenzar a ver a las personas menores de edad como sujetos de derecho que deben ser tratados de forma respetuosa.

La experta dijo tener claro que terminar con el castigo corporal contra menores “será un proceso muy largo de transformación cultural y que nos costará trabajo como sociedad, pero pensamos que la pandemia de Covid-19 es un buen momento para replantearnos nuestras formas de vida y pensar qué estamos haciendo con los niños, niñas y adolescentes”.