La enmienda, que originalmente fue aprobada por el pleno el 30 de abril pasado, modifica 18 artículos del Código Penal y fue presentada por el grupo legislativo del PAN para aumentar las sanciones a delitos de riesgo por contagio premeditado, omisión de auxilio, apología del delito, agresión al personal de salud y la desobediencia al aislamiento obligatorio con motivo de la pandemia de Covid-19.

Algunos artículos reformados son el 287, 288 y 289 que no tienen relación con sanciones por violar las medidas sanitarias frente a la pandemia, pues aumentaron las penas por desobediencia, negación a declarar, resistencia a la autoridad e impedimento a la ejecución de una obra o trabajo público que en el código aún vigente lo sanciona con tres meses a un año de prisión, pero fue elevado en promedio de entre dos a seis años de cárcel.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que la reforma aprobada en abril vulnera esas garantías e hizo un llamado al Poder Ejecutivo a no hacer frente con sanciones penales a la contingencia por Covid-19.

Así, el gobernador del estado, el panista Francisco Domínguez Servién, vetó la reforma y turnó el 2 de julio pasado observaciones parciales de cuatro artículos, mismos que este viernes fueron sometidos a la prueba del voto.

En cuanto al aumento a las penas contempladas en los artículos 287, 288 y 289, de acuerdo con el dictamen aprobado a principios del año, las consideró desproporcionadas.

Este viernes, en sesión del pleno, 18 diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y Querétaro Independiente, de registro local, aprobaron las observaciones que realizó el Ejecutivo al corregir las penas e imponer trabajo a favor de la comunidad como sanción alternativa a la prisión.

Respecto del artículo 221 bis-b1, la CNDH observó que la sanción de cuatro a seis años de prisión para quien no respete el periodo de aislamiento por padecer una enfermedad transmisible grave es válida en el contexto de la enfermedad Covid-19, pero una vez concluida la pandemia podría resultar excesiva frente al contexto en el que se pretende tipificar dicha conducta.

En atención a dicha observación, el artículo 221 bis-b1 fue eliminado y disminuyeron las penas contempladas en los artículos 287, 288 y 289 en un año menos a lo originalmente planteado. Por ejemplo, el artículo 289 que la ley en vigor sanciona con prisión que va de tres meses a un año y hasta 20 unidades de medida y actualización (UMA) –unos mil 737 pesos– de multa por impedir la ejecu-ción de una obra o trabajos públicos, pasó de tres a cinco años de prisión y hasta 200 UMA (17 mil 376 pesos) de multa.

Sin embargo, con la observación referida quedó de uno a dos años de prisión y misma cantidad de multa o trabajo comunitario por hasta cuatro meses, y cuando el delito sea cometido de común acuerdo la prisión será de dos a cuatro años de prisión y de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA.

Durante la sesión, un grupo de personas fuera del recinto legislativo exigió que la pandemia no fuera usada para incrementar penas de manera permanente. El diputado por Morena, Néstor Gabriel Domínguez Luna, pidió al pleno que el Covid-19 no sea pretexto para darle más fuerza coactiva al Estado.

Reclamó que la reforma, aun y con las observaciones del Poder Ejecutivo, contempló el trabajo comunitario, pero como una pena adicional a la prisión, además que la reforma en general criminaliza el activismo y la movilización social.

El diputado priísta Hugo Cabrera Ruiz solicitó la reserva de los ar-tículos 287, 288 y 289 para discutir en lo particular por no tener una relación con la pandemia y sí tienen que ver más con la protesta social, la cual fue rechazada con 15 votos en contra y 10 a favor.