Así lo revelan las investigaciones que varias organizaciones civiles y abogados de las víctimas han realizado con el apoyo de especialistas médicos, los cuales ya se han dado a conocer a senadores de Estados Unidos.

Los legisladores han calificado esta situación como la punta del iceberg de una serie de tratos inhumanos que se estarían cometiendo en ese centro de retención de migrantes, que es administrado por LaSalle Corrections, empresa privada bajo contrato del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los reportes de las organizaciones denunciantes, que se han hecho públicos esta semana, las mujeres fueron sometidas a intervenciones médicas innecesarias, agresivas, sin su consentimiento y en situaciones irregulares, incluidas histerectomías.

Las investigaciones incluyen los testimonios de las víctimas, el análisis de los reportes médicos de las operaciones a las que fueron sometidas y la opinión de especialistas en medicina, con lo que se comprobó que de 2018 a lo que va del año, 57 mujeres fueron sometidas sin consentimiento ni información adecuada a intervenciones de carácter ginecólogico por parte del equipo médico del centro migratorio de Irwin, dejando consecuencias irreversibles para muchas. Entre las víctimas hay 10 mexicanas, se reportó.

Luego que se hicieran las primeras denuncias, el pasado 14 septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores se dio a la tarea de investigar y contactar con las mexicanas que pudieron sufrir abusos en ese centro, y comprobó que dos sufrieron violaciones a sus garantías, aunque no esterilizaciones forzadas. Sin embargo, la cancillería se limitó a buscar a connacionales retenidas en ese lugar en los pasados días de septiembre y los primeros de octubre.

Por el contrario, las organizaciones Red de Apoyo a Migrantes de Georgia del Sur, Proyecto Sur, Alianza Latina de Derechos Humanos de Georgia, Iniciativa de Libertad de Inmigrantes del Sureste y Georgia Detention Watch se han avocado a documentar los tratamientos inhumanos en al menos los dos pasados años, donde el señalado es el doctor Mahendra Amin, colaborador del centro migratorio de Irwin.

De acuerdo con los análisis realizados por los especialistas que acompañan a las ONG, existe un patrón de operaciones ginecológicas realizadas por Amin y la ausencia de un consentimiento verdaderamente informado de las pacientes.

Se ha descubierto que algunas de las víctimas fueron inyectadas con Depo-Provera –un anticonceptivo que contiene la hormona progestina– que las hace sangrar, lo que es documentado en los archivos médicos para justificar las cirugías, cada una con un costo de miles de dólares, facturados por los propios doctores, y con cargo al ICE.