Madrid. Varios cientos de agentes de la Guardia Civil española realizaron un operativo en Cataluña contra el círculo cercano al ex presidente catalán Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica después de la fallida declaración unilateral de independencia de octubre del 2017. Fueron detenidas 21 personas, entre ellas David Madí, Xavier Vendrell, Josep Lluís Alay y Xavier Vinyals y los empresaerios Toni Fusté, Roc Aguilera y Oriol Soler.
La policía judicial de la Guardia Civil culminó con la redada, las detenciones y los registros una investigación abierta desde hace más de tres años, en la que se han rastreado una serie de documentos públicos, se han grabado llamadas telefónicos y se ha seguido el curso de dinero público, aparentemente usado de forma irregular por los líderes independentistas, en concreto para financiar la estancia de Puigdemont en Bélgica y para apoyar las campañas a favor del proceso de secesión de Cataluña.
Todos los detenidos tienen vínculos con la Diputación de Barcelona y la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas, desde donde presuntamente se hicieron los movimientos irregulares, y son investigados por los delitos de de malversación, blanqueo de capitales, prevaricación y desórdenes públicos.
Se investiga además una supuesta trama política en la que habrían participado emisarios del presidente ruso, Vladimir Putin, Julian Assange y Edward Snowden, para apoyar el proceso de independencia catalá.
Incluso, según una conversación grabada al empresario Oriol Soler, un emisario de Putin habría ofrecido a Puigdemont y al resto de líderes independentistas hasta diez mil soldados rusos para llevar a cabo la secesión y convertir Cataluña “en una nueva Suiza”.
La acusación añade que la Generalitat de Cataluña durante el gobierno de Puigdemont pidió a la Diputación de Barcelona que le dieran cien mil euros porque se le acababa el dinero. Ese dato se consiguió a partir de una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil entre Víctor Terradellas y Miquel Casals.
Puigdemont tildó la operación de una nueva andanada “represiva” del Estado español contra las “legítimas aspiraciones de libertad e independencia del pueblo catalán”.
La vocera del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, informó de que los servicios jurídicos de la Generalitat se pusieron a disposición “de las personas que trabajan para el Govern” que son investigadas por este supuesto desvío de fondos para financiar a Puigdemont en Bélgica.
Además, por la tarde, unas 300 personas se concentraron en Girona para rechazar el operativo de la Guardia Civil. La movilización fue convocada por Girona Vota para denunciar un “nuevo ataque de la justicia española” contra el independentismo y para apoyar a uno de los detenidos, el empresario, escritor y activista gerundense, Josep Campmajó, que fue puesto en libertad después de ser detenido durante varias horas. La operación sigue abierta.
