Chilpancingo. El abogado defensor de la activista guerrerense Kenia Inés Hernández Montalbán, José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo hoy que solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la detenida.

La Comisión “ya se pronunció en términos de generar el expediente de medidas cautelares, que ya existe, por lo que tiene que garantizarse su integridad, y su estado psicoemocional”, agregó.

Agregó que en en la aprehensión de la integrante del colectivo Zapata Vive, se coludieron los gobiernos del Estado de México, de Guerrero, y la Fiscalía General de la República (FGR).

El próximo sábado, en Acapulco, “se llevará a cabo la audiencia que definirá su situación jurídica de la defensora indígena; por eso solicitamos la presencia de los policías federales que la denuncian, y nosotros presentaremos testigos de los hechos del 29 de marzo del 2019”, mencionó.

Actualmente la luchadora social “es la presa política más relevante de mayor trascendencia en este país; ella no era parte del mecanismo en marzo de 2019, lo fue hasta junio del año pasado; lo que pasa es que ella defiende a presos políticos, o de la defensa de víctimas de violencia y feminicidio, que incomoda al poder estatal y federal”, dijo Lara Duque.

De manera ilegal ella fue “trasladada a las dos de la mañana del 25 de octubre a Acapulco desde el penal de Almoloya de Juárez, pese a que un día antes se había ordenado su libertad. Kenia Inés, nunca pisó la calle, a pesar de que se había ordenado su libertad, y los policías federales ministeriales ingresaron al penal de Almoloya, implementando la orden de aprehensión, en presencia de la juez”, explicó el abogado.

A pesar de que la activista es beneficiaría del mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, “este mecanismo tiene un año que ordenó que Kenia Inés, fuera sacada del estado de Guerrero, por las amenazas de muerte que ponen en riesgo su vida”, añadió.

“Kenia no fue ingresada al penal de Acapulco, sino que se mantuvo todo el tiempo en las instalaciones de la FGR en Acapulco, en donde el juez inició su audiencia a las cinco de la tarde, del mismo 25 de octubre; también este día se ordenó la prórroga constitucional para ofrecer pruebas de su inocencia, porque la acusaron por el delito de ataques a las vías de comunicación, que supuestamente ocurrieron el 29 de marzo de 2019, en la caseta La Venta, de Acapulco”, agregó.

Lo que pasó fue que en ese lugar “se llevó a cabo una protesta para demandar la libertad de Gonzalo Molina, miembro de la policía comunitaria, pero ahora tratan de hacerlo pasar como un acto delictivo. Debido a que Kenia no podía estar en Guerrero, por el mecanismo federal de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, el juez federal ordenó su traslado a la sección femenil del penal federal de Morelos”, comentó.

En ese penal “un pabellón de 29 celdas fue totalmente desalojado, para dejar en total aislamiento a Kenia Inés; no habla con absolutamente nadie, porque no hay nadie con quien hablar, está solo ella, las rejas, y los barrotes, porque se le considera una interna de peligrosidad, porque pone en riesgo a la comunidad, según los dijo la fiscalía el 25 de octubre”.

La fiscalía pretende hacer ver una protesta pública “como un acto delictivo; es una persecución en colusión de los gobiernos del estado de México, de Guerrero, y del gobierno federal, a través de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), que desataron una persecución política, penal, en contra de Kenia Hernández, afirmó el abogado.

“Hemos detectado cuatro denuncias penales federales por parte de CAPUFE, solo de marzo pasado, en Guerrero, y hay dos carpetas del fuero común en el estado de México. La Fiscalía Federal está actuando de forma dolosa, sin apego a derecho para criminalizar a una defensora. En estricto derecho, ella debiera estar en el penal de Acapulco, que tiene convenio federal, pero la llevaron a Morelos en un ejercicio “de protección a su integridad”, refirió.

La dependencia federal la acusa de manifestarse en los estados de México, Puebla, Morelos y sobre todo en el de Guerrero “por eso pidió fuera internada en el penal de Morelos”.