Hay motivos para estar contentos. Los resultados son aplastantes. Las urnas han decidido: 78.27 por ciento aprueba elaborar una nueva Constitución y 79.22 por ciento decide que sea mediante elección popular al 100 por ciento. Son los datos. Pero quienes votaron el apruebo no es un grupo homogéneo. Baste considerar los partidos firmantes del Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución (15/11/19). Una mayoría se opone a reconocer derechos al pueblo mapuche (Estado pluriétnico); otros rechazan un rol protagónico del sector público en la elaboración de las políticas sociales en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones o desoyen el compromiso con el medio ambiente. En definitiva, no todo lo que votó apruebo se inscribe en un proyecto transformador que camine hacia una democrática participativa y menos rupturista con el orden patriarcal. Podríamos asistir a un maquillaje político en el cual la nueva redacción sea una visión edulcorada del neoliberalismo, avalada por unos constituyentes espurios.
El triunfo del apruebo no es resultado de la voluntad política de las dos coaliciones que han gobernado Chile desde 1990. Su origen es la rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019 y la movilización social que, en plena pandemia, no ha cesado. Un desborde popular que ha dejado fuera de juego a los partidos políticos, cuyo grado de confianza y aceptación por la ciudadanía no supera 2.4 de una horquilla de uno a 10. Igualmente, el triunfo tiene una cara que no se debe olvidar: la represión. Fue la violencia la respuesta gubernamental a las demandas de una nueva Constitución y el rechazo a las políticas neoliberales. Así atestigua el informe de la Fiscalía Nacional del 15 de junio de 2020. Desde octubre de 2019 hasta el 1º de abril de 2020, se han computado 8 mil 510 víctimas de violaciones de derechos humanos. Se han interpuesto 5 mil 645 denuncias por violencia policial. Existen 664 casos de violencia sexual; 258 desnudamientos, 67 abusos diversos, 12 violaciones y 27 amenazas de tocamientos. Además, se contabilizan 411 víctimas con lesiones oculares y otros 615 casos con traumatismos graves. Todos, perpetrados por las fuerzas armadas y carabineros, siendo 466 de sus miembros identificados como autores materiales de alguno de ellos.
No es una concesión, ha sido una lucha sin cuartel, donde las víctimas pertenecen a las clases populares, el origen del triunfo. Es un grito de dignidad, como ha sido rebautizada la plaza Baquedano, centro neurálgico de las protestas en Santiago donde se reúnen cientos de miles ciudadanos, reclamando el fin del neoliberalismo y un nuevo orden social. Una síntesis de 40 años de bregar por los cambios que una y otra vez fueron ninguneados por quienes aceptaron el pacto de transición con las fuerzas armadas. Los mismos que desmovilizaron a la sociedad civil, traicionaron el espíritu del No en el referendo de 1988 y en 1990 se hicieron con el poder. En 1990, la Concertación mantuvo la Constitución pinochetista y las reformas neoliberales se profundizaron. Impidió juzgar al dictador, clausurando la posibilidad de justicia y reparación. Hambre, corrupción y miseria, es el legado del pospinochetismo y su Constitución. En abril de 2021, la elección de constituyentes, coincidirá con las elecciones municipales y de gobernadores regionales, la historia no puede repetirse.
Hay que seguir movilizados, articular programa y definir estrategias, presionar, impedir que sean los mismos que se han negado a reconocer sus vergüenzas, quienes administren el triunfo y elaboren la nueva Constitución. Se ganó una gran batalla, pero no se puede bajar la guardia. Las víctimas del golpe de Estado cívico-militar, los miles de detenidos desaparecidos, torturados, exiliados, no son fantasmas. Son la memoria viva sobre la cual se asienta este triunfo. Sin olvidar, los más de 2 mil 500 detenidos durante la rebelión popular, acusados de disturbios, terrorismo, agresión y resistencia a la autoridad. También presos políticos.
Es la primera ocasión que una Convención Constituyente en Chile será electa por votación popular. Pero ello no garantiza que los constituyentes sean representantes de las organizaciones y movimientos sociales que en primera línea se han fajado por conquistar el derecho de elaborar una nueva Carta Magna. Las candidaturas están amarradas a las coaliciones existentes. Presentar candidaturas independientes es un camino tortuoso. Las listas de partidos pueden cerrar el paso a candidatos provenientes de la sociedad civil que han dado origen al referendo. Además, será necesario contar con dos tercios de los 155 constituyentes para aprobar cambios estratégicos. Y la complicidad entre la Democracia Cristiana, la socialdemocracia y la derecha tradicional, cuando se trata de salvar el edificio neoliberal, ha sido la norma.
Estamos en presencia de un proceso político caracterizado por la movilización popular. El gobierno y una parte de la oposición podrán revertir su derrota si logran controlar la constituyente. Es obligado estar vigilantes y sin retroceder. Salvador Allende tuvo un pensamiento premonitorio, al señalar que sólo cuando: “El pueblo […] entienda que no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”. Allende no erró; ahora, a cumplir su mandato. Hacer una Constitución democrática desde abajo. Ese es el reto.
