Ciudad de México. Las condiciones de extrema vulnerabilidad que habitualmente enfrentan los migrantes se agudizaron con la pandemia de Covid-19. En México, en lo que va de 2020 se han registrado al menos 37 mil detenciones en centros migratorios de personas en contexto de movilidad, arriesgándolos a un posible contagio por las inadecuadas condiciones de esos espacios.

Así lo expusieron especialistas en el tema durante el foro internacional Efectos del Covid-19 en la población migrante y refugiada en México, que se realizó esta tarde de manera virtual. Aunado a ello, son miles las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que como parte del programa Quédate en México fueron enviadas a territorio mexicano a esperar la conclusión de su trámite, y no tienen garantías ni un espacio para salvaguardarse de la enfermedad.

Alejandra Macías, directora de la organización Asylum Access México, indicó que el Estado mexicano “no ha dado una respuesta adecuada y eficiente” a las necesidades de salud de estas personas en medio de la pandemia, y el exceso de la retención en estancias del Instituto Nacional de Migración (INM) los pone en riesgo y se han reportado casos de contagios en esos espacios.

Recordó que ante los acuerdos entre México y Estados Unidos en la materia, las detenciones de migrantes en la frontera sur mexicana han crecido y tan sólo en 2019 se reportaron más de 149 mil deportados.

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, subrayó que el Covid-19 ha hecho más evidente las desigualdades en el mundo, afectando sobre todo a las comunidades que ya vivían contextos de vulnerabilidad como los migrantes.

Este sector, agregó, se enfrenta a estigma, discriminación, exclusión legal y del acceso a derechos, lo que “se ha profundizado aún más con la pandemia”.

Aunado a ello, remarcó que de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se estima que debido a la crisis sanitaria actual, ocho de cada diez personas en la región estarán en rangos inferiores a la pobreza, es decir, con un ingreso de menos de 500 dólares al mes, “lo que alentará todavía más la migración”.

Julissa Mantilla, relatora sobre derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfatizó que las precarias circunstancias que enfrentaban los migrantes antes de la pandemia, se han agudizado.

En el caso particular de las mujeres migrantes, agregó, crecen las condiciones de trata y violencia sexual, al igual que los menores de edad y la población LGBTI están en riesgo de sufrir abusos similares.

Recordó que el Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar los derechos de ese sector, prevenir las agresiones, sancionar a quienes las cometan y reparar el daño a las víctimas.