La violencia, el abuso sexual, la esterilización forzada a mujeres, el aborto forzado y la trata con fines laborales o sexuales son algunas de las constantes violaciones a derechos humanos que se presentan contra personas recluidas en centros de asistencia social, orfanatos e instituciones psiquiátricas del país. 

Así lo documentó la organización Disability Rights Internacional (DRI) en su más reciente informe titulado Crímenes de lesa humanidad: Décadas de Violencia y Abuso en las Instituciones Mexicanas para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad, que se presentó este lunes. 

El reporte es el resultado de una investigación de cinco años (2015 a la fecha) donde se visitó 55 centros de este tipo (35 para adultos con discapacidad y 20 para menores de edad) en once entidades del país,  donde están recluidos alrededor de 4 mil niños, niñas, adolescentes y personas con alguna discapacidad, sobre todo psicosocial. 

Los investigadores de DRI recibieron extensos testimonios de abuso físico y sexual en las instituciones. 

Por ejemplo, el propio director de Casa Esperanza, ubicada en la Ciudad de México, confesó: “No puedo proteger a las mujeres de ser violadas por los trabajadores que ingresan a la institución (...) entonces, las esterilizamos a todas”. 

Autoridades de seis instituciones informaron a DRI que esterilizan a mujeres con discapacidad de forma rutinaria. Según los directores de los hospitales psiquiátricos públicos El Batán y Villa Ocaranza, todas las mujeres en edad “fértil” han sido “atendidas” (esterilizadas quirúrgicamente o se les ha puesto un parche anticonceptivo). 

En tanto, en la institución privada El Recobro, en la Ciudad de México, el personal informó que las mujeres que llegan embarazadas son esterilizadas después del parto. 

“El problema de la esterilización forzada no se limita a las mujeres detenidas en las instituciones. DRI realizó una encuesta a 50 mujeres que reciben atención en salud mental en servicios psiquiátricos de consulta externa en la Ciudad de México, y 42 de ellas informaron que habían sido esterilizadas sin su conocimiento o consentimiento. En la misma encuesta, un gran número informó que habían sufrido abuso sexual al visitar un ginecólogo”. 

En la presentación virtual del reporte, Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI, indicó que por años se han denunciado estas graves violaciones a derechos humanos en México, las cuales incluso han causado la muerte de muchas de las víctimas, sin que hasta ahora se haga algo para detenerlas o se sancione a los responsables. 

En centro psiquiátrico El Batán, los investigadores encontraron que al menos 98 de aproximadamente 300 personas recluidas ahí han muerto en los últimos dos años. “El director de la institución dijo que la alta tasa de muerte se debió al ‘mal uso de los medicamentos psicotrópicos’, una admisión de negligencia médica grave en la institución. Esta tasa de muerte de casi un tercio de la población es al menos diez veces mayor que el riesgo de muerte súbita prematura en instituciones similares de otros países”. 

Los abusos sexuales, sobre todo a mujeres y menores de edad, son también una constante. Un ejemplo de ello es Casa Esperanza, donde las mujeres son víctimas de violencia sexual y violaciones por parte del personal y los trabajadores externos que ingresaban a la institución. 

“A estas mujeres también se les obligaba a limpiar las casas de sus abusadores. A pesar de que DRI expuso estos abusos, no hubo ninguna sentencia penal como resultado de nuestra investigación. Todos menos una de las y los sobrevivientes fueron nuevamente detenidos en instituciones, y al menos una de ellas informó que fue abusada sexualmente en la nueva institución. Las autoridades se han negado a permitir que DRI visite a las y los sobrevivientes y han tratado de evitar que el personal de DRI en México tenga acceso a información sobre sus casos”. 

En Casa Hogar la Divina Providencia, en el estado de México, 32 de los 152 pacientes se desempeñan como personal sin salario. En el Centro el Recobro, sólo hay tres empleadas para brindar “atención” a casi 200 mujeres. 

Las mujeres más “funcionales” tienen a su “cargo” a mujeres que necesitan más apoyo y tienen la responsabilidad de proporcionarles cuidados y atenciones sin ningún tipo de remuneración. 

Hombres y mujeres en varias instituciones informaron a DRI que no tenían otra opción más que trabajar en la institución. En 83 ór ciento de las instituciones visitadas para personas con discapacidad en México, DRI encontró condiciones inadecuadas, inhumanas y degradantes, incluyendo condiciones antihigiénicas, falta de privacidad, camas y colchones en mal estado y mala alimentación, entre otros. 

En la institución Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, en la Ciudad de México, dirigida por una orden católica, los investigadores de la organización internacional observaron a decenas de menores y adultos encerrados en jaulas y atados a camas. 

En el Centro de Rehabilitación Luis Gonzaga, en el estado de México, “casi todas las niñas, niños, adolescentes y adultos eran inmovilizados y atados de la cabeza a los pies con vendas durante al menos una hora al día. Observamos a niños y jóvenes con discapacidad cuyas manos estaban atadas a caminadoras en las cuales estaban obligados a caminar por largos períodos de tiempo, supuestamente como una forma de ‘fisioterapia’”. 

En al menos un tercio de las instituciones (once), DRI encontró trabajos forzados y trata: adultos con discapacidad obligados a trabajar sin compensación. La mayoría de las personas que son sujetas a trabajos forzados son mujeres utilizadas como personal de limpieza en las instituciones. “En algunos casos, las mismas mujeres se ven obligadas a trabajar en las casas del personal y se les obliga a tener relaciones sexuales con el personal”. 

Priscila Rodríguez y Lisbet Brizuela, directora adjunta de Incidencia y directora para México de DRI, respectivamente, detallaron que los abusos contra estas poblaciones son sistemáticos y van desde aislamientos, esterilizaciones forzadas, sujeciones, privación de la libertad, abuso sexual, golpes, maltratos hasta torturas. Todo ello, señalaron, considerado por el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. 

Amalia Gamio, relatora del Comité de las Naciones Unidas sobre personas con discapacidad, , indicó que el informe de una muestra de “escenarios de la Edad Media en pleno siglo XXI”. Expresó su preocupación por el hecho de que los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos permanezan impunes. 

Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, remarcó que la impunidad para los dirigentes de estos centros y casas de asistencia es constante en el país, como ha sucedido en casos como en del Mamá Rosa, en Michoacán; o el del padre Pedro Gutiérrez, que dirige Ciudad de los Niños, y donde inclusive una jueza documentó violaciones sexuales y otros abusos contra los menores ahí internos y hasta la fecha sigue libre y el sitio ya le fue regresado.