Mexicali, BC. Edgardo Silva Rivera, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California se autoproclamó presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y convocó a sesión del Órgano de Gobierno con el aval de tres funcionarios del Ejecutivo local, entre ellos la secretaria de la Honestidad y la Función Pública.

"Esta convocatoria ilegal es, en realidad, una evidente maniobra que busca socavar la funcionalidad y operatividad institucional del Sistema Anticorrupción", consideró el presidente del CPC Eduardo Arredondo Uribe quien rechazó por improcedente la convocatoria que hizo Edgardo Silva que se ostentó como presidente del CPC y consejero presidente en Mexicali de este órgano constitucional.

El documento lo firman también Vicenta Espinosa, secretaria de la Honestidad y Función Pública; José Luis Zazueta, síndico procurador de Playas de Rosarito; María del Carmen Espinoza, síndica procuradora de Tijuana, y Ricardo Esteban Zurita, miembro del CPC, identificados con el gobernador Jaime Bonilla.

"La pretensión de esta sesión es contradictoria toda vez que desde marzo están paralizadas las sesiones del Comité Coordinador del SEABC, a propuesta de la propia secretaria Vicenta Espinoza que se confabuló con Ricardo Zurita y Silva Rivera, quienes promovieron un punto de acuerdo del Congreso local, aprobado por la mayoría de Morena", expuso, y de igual modo se pronunció por respetar los protocolos y lineamientos para la mitigación y prevención en espacios públicos cerrados.

"Nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley", advirtió Arredondo Uribe, al tiempo de rechazar la pretensión de albazo de Silva Rivera, quien ha estado ausente de los trabajos del SEA desde noviembre de 2019, acusó.

El 8 de julio de 2020, Arredondo Uribe fue electo para presidir el CPC por un periodo de un año que concluye en junio de 2021. Inconforme, Silva Rivera presentó un amparo para suspender esa designación pero el Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación lo rechazó el 27 de septiembre de 2020, al considerarlo improcedente y, de facto, confirmó el nombramiento del actual presidente.

"Las consideraciones jurídicas del Juez dan soporte a la negativa de la suspensión solicitada y por consecuencia, reconocen el nombramiento existente a mi favor, como un acto materialmente cierto y legítimo y que inhibe al quejo Edgardo Silva Rivera a ostentarse como titular de dicho cargo", señaló el presidente del CPC.

Arredondo Uribe advirtió que es muy grave que en ese órgano se pretenda incurrir en un acto ilegal que avalan con su firma la secretaria de Honestidad y Función Pública, dos síndicos procuradores y uno de los miembros del ente anticorrupción.

Arredondo convocó a los representantes ciudadanos y gubernamentales a hacer del Sistema Estatal Anticorrupción "un verdadero espacio de colaboración y coordinación institucional para dar resultados visibles a los ojos de quienes, al final del día, terminan cargando los gravísimos costos de la corrupción".