La certidumbre y certeza de miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses están amenazadas por acciones del gobierno mexicano orientadas a fortalecer a las empresas estatales de energía, según la carta firmada por 43 legisladores demócratas y republicanos divulgada ayer.

México, señalan, es el principal mercado para los productos energéticos estadunidenses. Sostuvieron que acciones recientes del gobierno del presidente López Obrador para aumentar la participación del Estado en el sector van en contra del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El reclamo se da después de varios cambios regulatorios en el sector mexicano de energía y justo un día después de que el presidente López Obrador aseguró que está en su horizonte promover una reforma constitucional para revertir la apertura emprendida en la administración pasada. Sobre este punto, Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), dijo ayer que una reforma energética sólo se dará si la SCJN decide que el ordenamiento en el mercado eléctrico es de interés económico y no público.

La carta –firmada por 43 legisladores del Senado y la Cámara de Representantes (republicanos y demócratas), como Ted Cruz, John Cornyn y John Kennedy– indica que las medidas tomadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo socavan el espíritu, sino la letra del T-MEC que busca promover el crecimiento entre los países participantes.

El gobierno mexicano, según los legisladores, está brindando un trato regulatorio preferencial a Pemex y retrasando o cancelando directamente permisos para empresas energéticas estadunidenses.

“Estas experiencias anecdóticas –continúa– han recibido crédito adicional recientemente por un memorando filtrado del presidente López Obrador que ordena a las autoridades mexicanas utilizar todos los recursos disponibles dentro del marco regulatorio para proteger a Pemex y a la CFE. Adicionalmente, miembros de Morena, el partido gobernante, han presentado iniciativas constitucionales que revertirían la histórica reforma energética de 2014 –durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto– y buscarían renunciar a todos los contratos actualmente vigentes.”

Los legisladores expresan su profunda preocupación de que estas acciones demuestren un patrón de obstrucción y ante ello instan al presidente Trump a encontrar una solución con el gobierno de México para mantener las condiciones de mercado actuales, surgidas del marco regulatorio de la reforma energética, junto con certeza y equidad para las empresas estadunidenses que operan y compiten en México.

La actual administración, sostuvieron, brinda un trato regulatorio preferencial a Pemex al cancelar o retrasar los permisos para las empresas energéticas estadunidenses.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal dijo que México no vulnera el contenido del T-MEC y lo que ratificó el país fue muy claro en materia energética: la soberanía a salvo.

A través de la razón y el entendimiento demostraremos que estamos cumpliendo nuestros compromisos comerciales, expresó.

En dos mensajes en Twitter, Monreal precisó que entre las atribuciones del Senado está vigilar los temas de la relación bilateral con Estados Unidos.

Celebramos que el Congreso de ese país también lo haga. El camino para fortalecer lazos pasa por un diálogo que busque el beneficio de ambos pueblos y nuestro compromiso es mantenerlo, destacó.

La Jornada solicitó a la Sener una postura oficial respecto de este tema, sin embargo, la petición no fue atendida por el área de comunicación de la dependencia. Cabe destacar que no es la primera ocasión en que otros países expresan inconformidades con la política energética, pues en meses recientes diplomáticos europeos enviaron cartas a al gobierno federal para exponer sus quejas.

La Corte decidirá

Después de que el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si es necesario propondrá una reforma para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales, esto tras el fallo de la SCJN, Nahle García expresó que no se trata de una contrarreforma, pues la dependencia a su cargo no ha trabajado en una iniciativa, pero sí ha estudiado toda la legislación y sabe qué puntos específicos necesitan cambiarse.

Alegamos que el servicio eléctrico es de interés público, la Corte tiene que resolver si de acuerdo con la ley es interés económico o de interés público, dijo.

Vamos a respetar la ley, pero por encima de todo está la seguridad energética, la seguridad nacional y el sistema eléctrico es de seguridad nacional, apuntó.