Ciudad de México. Tras haber denunciado públicamente que las autoridades penitenciarias no le garantizaban su derecho a la preliberación, pese a cumplir con los requisitos para ello por motivos de salud, la ciudadana hispano-colombiana Macarena Rodríguez Farré fue enviada a una celda de aislamiento por 15 días y sin acceso a los medicamentos que necesita, lo que la defensa de la mujer interpreta como un acto de represalia que pone en riesgo su vida.

Como se informó en este diario (4 de octubre de 2020), Rodríguez fue sentenciada de manera irregular a 22 años y medio de cárcel por cargos de secuestro exprés, y no ha podido acceder al programa de beneficios de preliberación por razones humanitarias, lo cual agrava las condiciones de salud de por sí delicadas que sufre desde hace varios años.

Grecia Granados, abogada de la organización civil Reinserta, explicó en entrevista con La Jornada que esta semana la mujer fue sancionada con 15 días de aislamiento por las autoridades del penal femenil de Santa Martha Acatitla, quienes la acusaron de tener un teléfono celular.

Para la litigante, dicha acción en realidad es un castigo contra Rodríguez por haber denunciado públicamente que no le permiten ser preliberada y “la están dejando morir” al interior de la cárcel.

En este momento, dijo, la interna está aislada en una celda donde no puede tener contacto con nadie ni tampoco tiene acceso a las medicinas que necesita para controlar diversas enfermedades graves que han reducido seriamente su esperanza de vida.

Frente a ello, Reinserta interpuso un amparo el miércoles anterior para que se ordenara que Rodríguez Farré saliera de dicha condición de aislamiento, y aunque un juez concedió esa petición –la cual debía cumplirse en un máximo de dos horas--, las autoridades del penal de Santa Martha Acatitla no ha obedecido la orden, pese a haber sido debidamente notificadas de la misma, en un acto de desacato que podría tener consecuencias legales.

La litigante subrayó que, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Amparo, el incumplimiento de la mencionada orden –conocida como incidente de suspensión— está considerado un delito que se castiga con una pena de 3 a 9 años de cárcel, así como multas de 50 a 500 días, destitución o inhabilitación.

“Las autoridades fueron notificadas del incidente de suspensión y hasta este momento, Macarena sigue en aislamiento porque las autoridades decidieron desobedecer. Esto es bien preocupante, porque en este momento ella podría estar con la presión por los cielos o con intoxicación por falta de funcionamiento de riñones”, alertó Granados.

“Queremos pensar que la autoridad ya se va a mover, porque desobedecer un incidente de suspensión es algo gravísimo que nunca me ha tocado ver. Quiero poner mucho énfasis en que Macarena está aislada y sin medicamentos, lo que pone en riesgo su vida y se configura como un delito”, puntualizó la abogada.