En entrevista con La Jornada Álvarez-Buylla informó que actualmente ya existen demandas que el consejo interpuso en contra de varias empresas para solicitar la devolución de recursos públicos, ya sea porque se ejercieron indebidamente o porque hubo incumplimientos, por lo que en colaboración con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) se busca recuperar cerca de 500 millones de pesos.

Aclaró que este monto no tiene que ver con todo lo que estamos devolviendo a las finanzas públicas que no implica una interposición de demandas. Explicó que es posible presentar denuncias penales si se identificara que hubo tráfico de influencias en el otorgamiento de apoyos o que se simularon proyectos como de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación, pero que en realidad no lo eran.

También, agregó, pueden haber denuncias administrativas si se advierte que hubo conflictos de interés o en los casos en que se haya violentado los principios constitucionales y los que la propia Ley de Ciencia y Tecnología, como otras disposiciones aplicables, establecen para el otrogarmiento de los recursos públicos.

En cuanto a los fideicomisos, destacó que son un instrumento del ámbito privado que no puede suplantar la administración pública. No podemos tener otro gobierno paralelo. Y aseguró que los recursos que ya están comprometidos por convenios o compromisos de los comités técnicos de administración en proyectos que avancen de forma adecuada técnica y administrativamente, van a seguir siendo financiados, pero ahora con fondos fiscales.

Consideró que en el debate sobre la extinción de los fideicomisos “ha habido también mucha manipulación política, más que otra cosa. Obviamente hay intereses creados, quizá algunos de los colegas tan preocupados, pues a lo mejor estaban en ese uno por ciento de los que jugaban en las grandes ligas del Conacyt –sólo 20 de los poco más de 2 mil sujetos de apoyo beneficiados por los fideicomisos recibieron 40 por ciento de los recursos– y bueno ahí sí pedirles disculpas, ya no podrá seguir siendo así de dispendioso, preferencial y discrecional el gasto”.

Álvarez-Buylla subrayó que el Conacyt mantiene el compromiso de seguir apoyando absolutamente a todos los científicos auténticos que se quieran comprometerse con el avance del conocimiento desde México, e indicó que también se busca la colaboración con empresas, pero de manera honesta, mutuamente comprometida con nuestro país y con metas ambiciosas, entre ellas, desarrollar una vacuna mexicana. Citó, como un caso de éxito, la colaboración con empresas sin fines de lucro para la producción de ventiladores mecánicos con tecnología 100 por ciento mexicana.

En cuanto a los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación (CPI), que aún siguen en análisis, indicó que de los cerca de 900 millones de pesos que suman en actualmente el total de los fondos, 96 por ciento se concentra en cuatro o cinco centros, y cerca de la mitad en el Centro de Invgestigación y Docencia Económicas (CIDE).

Destacó que los recursos depositados en estos instrumentos financieros, y que son recursos generados de manera propia, es decir, que no depende de los recursos fiscales, se van a regresar íntegramente a sus cuentas patrimoniales, y el resto, los fondos que estén comprometidos para proyectos y becas se van administrar de manera eficiente y eficaz desde el Conacyt.

Por la noche, en un mensaje a la comunidad de becarios e investigadores, Álvarez-Buylla, reiteró su compromiso de garantizar que ninguna beca de los estudiantes becarios del Conacyt, en todas sus modalidades, se vea afectada, así como las labores de investigación, incluidos el pago de los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores. También garantizó los fondos para los proyectos aprobados en la Convocatoria de Ciencia de Fronetra 2019 y de los programas nacionales Estratégicos (Pronaces) y de Investigación e Incidencia (Pronaii).