Ciudad de México. El designio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) es que las comunidades sean sujetos de derecho público: con capacidad de definir sus propios procesos de desarrollo, el fortalecimiento de su autonomía y que sean titulares de garantías colectivas, señaló su director, Adelfo Regino Montes. Al mismo tiempo, advirtió, se debe dejar el pasado de exclusión, olvido e injusticias que han padecido durante siglos.

Se busca que haya una transformación real y efectiva de las estructuras jurídicas, políticas y económicas del país para que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución. Esta es la diferencia con otras administraciones, señaló en entrevista con La Jornada.

Expresó la disposición a dialogar y resolver de manera integral las demandas de los grupos que retienen las oficinas centrales del INPI desde el 12 de octubre. Ese día, en el contexto de la jornada nacional de movilización en defensa de la madre tierra, integrantes de la comunidad otomí que habitan en la Ciudad de México tomaron las instalaciones con las demandas de vivienda, trabajo y educación, así como el rechazo a los megaproyectos y el cese al hostigamiento.El pueblo yaqui y su derecho al agua

Antes de su viaje a Sonora para reunirse con el pueblo yaqui y avanzar en el plan de justicia que recupera sus reivindicaciones sobre el derecho al agua, el fortalecimiento de su cultura e identidad, aseguró que de mi parte se hace el mejor esfuerzo para entablar una nueva relación de respeto con los pueblos y comunidades indígenas y sobre esa base avanzar en la atención de sus legítimas demandas.

–¿Cuál es el punto de vista del INPI sobre el conflicto por el que sus instalaciones están tomadas?

–Entendemos y compartimos su preocupación y sus legítimas demandas en relación con la vivienda. Hemos reafirmado nuestra voluntad de resolver esta situación de manera integral. Estamos a la espera de que nos den una respuesta al plan de diálogo que hicimos el domingo, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y establecer con ellos una mesa para trazar una ruta de solución.

Con el gobierno de la Ciudad de México instalamos una mesa técnica en la que revisamos los cuatro predios que demandan, tres en la colonia Roma y uno en la calzada Zaragoza. Hay toda la voluntad del gobierno de la ciudad para avanzar en la regularización de los predios y la construcción de viviendas. Como gobierno no ignoramos el contexto de olvido e injusticias que han vivido durante siglos nuestros pueblos y comunidades indígenas. Trabajamos con ellos.

–¿Qué puede hacer el INPI para ayudar a solucionar sus problemas, que tienen décadas?

Lo que tenemos que hacer es cumplir con las obligaciones constitucionales, con políticas públicas y acciones específicas en la materia. Tiene que haber una atención integral. Somos muy conscientes de que nuestros hermanos indígenas migrantes que residen en la Ciudad de México se enfrentan a una doble adversidad. Por un lado deben resolver cuestiones elementales como la vivienda y, por otro lado, no hay que olvidar que cuando uno sale de una comunidad indígena tiene que traspasar una frontera cultural. Lamentablemente cuando uno llega a los contextos urbanos, se encuentra con discriminación, racismo y mucha exclusión.

–¿Cuál es la diferencia entre el INPI y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que operó en las administraciones pasadas?

–La diferencia es que en esta etapa partimos de la premisa de considerar a nuestros pueblos y comunidades sujetos de derecho público, es decir, con capacidad de definir sus propios procesos de desarrollo, el fortalecimiento de su autonomía, sus formas de organización social y sobre todo el hecho de que pueda ser titular de un conjunto de derechos colectivos, algunos ya están reconocidos en la Constitución, pero sobre todo establecidos en el derecho internacional, como es el caso de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

–¿Se ha avanzado?

–Vamos avanzando. Trabajamos una propuesta de iniciativa de reforma a la Constitución. En 2001 sólo se reconoció a nuestros pueblos y comunidades como sujetos de interés público, como si fuéramos pasivos ante las políticas y acciones públicas. Ahora el contenido fundamental de esta reforma constitucional es reconocerlos como sujetos de derecho público, con lo cual serán sujetos plenos de un conjunto de derechos colectivos, para tener condiciones de dignidad y bienestar integral. Al mismo tiempo se busca dejar este pasado de exclusión, olvido e injusticias que han padecido durante siglos. Aún se trabaja la iniciativa, una vez que esté concluida se pondrá en manos del Presidente de la República para que sea enviada al Congreso. Y así hacer un aporte en la redefinición del país.

–Comunidades han señalado que se han hecho consultas a modo en el caso de los megaproyectos ¿Cómo evalúa los procesos de consulta que se dieron?

–Respetamos el punto de vista de quienes tienen esta posición. Los procesos de consulta han atendido los principios, normas y contenidos del derecho internacional, particularmente el artículo seis del convenio 169 de la OIT. También es un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador escuchar la voz y la propuesta de los pueblos indígenas en relación con estos programas de desarrollo, del Corredor Transístmico y del Tren Maya. Los pueblos han pedido el respeto a sus derechos a los territorios y recursos naturales y que no haya afectaciones. Y también que estos programas de desarrollo incorporen su visión de progreso.