Este artículo de opinión fue elaborado por actuales y antiguos Relatores Especiales de las Naciones Unidas: Juan Pablo Bohoslavsky, Ex Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos; Koumba Boly Barry, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación; Olivier De Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; ex Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Leilani Farha, Ex Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada; Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento y Magdalena Sepúlveda Carmona, Ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

La pandemia de Covid-19 ha expuesto las nefastas consecuencias de décadas de privatización y mercantilización. De un día para otro, vimos hospitales desbordados, personal sanitario sin equipo de protección, asilos convertidos en morgues, filas de semanas para acceder a las pruebas y escuelas que se esfuerzan para conectar con niños confinados en sus casas.  Durante todo este tiempo, se instaba a la gente a quedarse en casa, cuando en realidad muchos no tenían una vivienda adecuada ni acceso a agua y saneamiento, ni protección social. 

Necesitamos un cambio radical de dirección. Décadas de transferir la provisión de bienes y servicios sociales a entes privados ha resultado, a menudo en ineficiencia, corrupción, disminución de la calidad, aumento de los costos y el consiguiente endeudamiento de los hogares.  Los pobres han sido marginados y se ha socavado el valor social de necesidades básicas como la vivienda y el agua.   

Hubo un rayo de esperanza cuando de repente en medio de la crisis, la gente empezó a reconocer la centralidad de los servicios públicos para el funcionamiento de la sociedad. “Lo que esta pandemia reveló es que hay bienes y servicios que deben ser colocados fuera de las leyes del mercado”, , resumió el presidente francés Emmanuel Macron. Pero más allá de las declaraciones políticas, hay signos preocupantes de que esto no ha sido más que retorica.  

Miren lo que sucede con el agua, un bien aún más vital ahora cuando lavarse las manos es la mejor manera de protegerse del virus. Alrededor de  4 mil millones de personas en el mundo experimentan una grave escasez de agua durante al menos un mes del año. Es el caso, por ejemplo, de la provincia chilena de Petorca debido al uso excesivo de agua por parte de las empresas de aguacates que operan en la zona. Cuando el Ministerio de Salud decidió aumentar la asignación diaria de agua a 100 litros por persona, apenas ocho días después revocó la decisión, poniendo los intereses de las empresas privadas por encima de los derechos de su población.

¿Y qué hay de la tan esperada vacuna? Reconociendo que no se puede confiar en las fuerzas del mercado, más de 140 líderes y expertos mundiales han llamado a los gobiernos e instituciones internacionales para garantizar que las pruebas, tratamientos y vacunas de Covid-19 se pongan a disposición de todos sin costo alguno. Sin embargo, esto parece poco realista, las compañías farmacéuticas continúan compitiendo para tener la primera vacuna y venderla al mejor postor. 

El sector de la educación también se ha visto afectado. A pesar de que cientos de escuelas privadas decepcionaron a sus estudiantes y personal durante la crisis, el Banco Mundial l mantiene su posición de que los sistemas privatizados y las soluciones de mercado deben promoverse a toda costa. Se trata de una recomendación especialmente influyente, cuando los países de bajos ingresos se están endeudando.

El mantra mundial de practicar la “sana distancia” para evitar la propagación del coronavirus carece de sentido para los 1,600 millones de personas que habitan viviendas inadecuadas, y para el 2% de la población mundial que no tiene hogar. Peor aún, en el ámbito de la vivienda, la mayoría de los gobiernos parecen no estar dispuestos a regular a los actores financieros que han ayudado a crear estas condiciones.  La financialización de la vivienda ha resultado en un aumento de los alquileres, desalojo de inquilinos de bajos ingresos, falta de mantenimiento y al acaparamiento de unidades vacías para aumentar sus beneficios. Los efectos son aún más graves en el contexto de la pandemia.

Con la mercantilización de bienes y servicios públicos, los gobiernos no están cumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los titulares de derechos se transforman en clientes de empresas privadas que solo buscan la maximización de los beneficios y que rinden cuentas solo a sus accionistas. Esto afecta nuestras democracias, exacerba las desigualdades y genera una segregación social insostenible.  

Somos seis expertos independientes de las Naciones Unidas, actuales y antiguos Relatores Especiales de derechos humanos. En esta capacidad queremos compartir este mensaje: tomarse en serio los derechos humanos requiere abandonar la idea de que los Estados pasen a un segundo plano frente a los entes privados. Se necesitan alternativas. Ha llegado el momento de decirlo alto y claro: la mercantilización de la salud, la educación, la vivienda, el agua, el saneamiento y otros bienes y servicios relacionados con los derechos humanos excluye a los más pobres y puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos.   

Las obligaciones de derechos humanos no cesan para los Estados cuando delegan bienes y servicios básicos en empresas privadas y en el mercado, menos cuando lo hacen en condiciones que socavan la satisfacción de derechos y los medios de vida de muchas personas. Asimismo, es necesario que las organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dejen de imponer a los países la privatización de los servicios públicos.  

Hacemos un llamado también a todos los que están comprometidos con los derechos humanos para que comiencen a abordar las consecuencias de la privatización. Así como algunas organizaciones de derechos humanos han empezado a alertar sobre la necesidad de sistemas fiscales justos, es hora de buscar que los responsables de las consecuencias nefastas de la privatización rindan cuentas.  Los derechos humanos pueden ayudar a articular el tipo de bienes y servicios públicos que queremos: participativos, transparentes, sostenibles, responsables, no discriminatorios y que sirvan al bien común.

Estamos en una emergencia. Probablemente esta pandemia será la primera de una serie de grandes crisis que nos esperan, gatilladas por la emergencia climática. Se espera que la crisis de Covid-19 empuje a otros 176 millones de personas a la pobreza. Cada una de ellas puede ver violados sus derechos humanos a menos que se produzca un cambio drástico de modelo y se invierta en servicios públicos de calidad. No hay normalidad a la que volver.  

El posicionamiento está firmado por Juan Pablo Bohoslavsky, ex experto independiente de las Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos; Koumba Boly Barry, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación; Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y ex relator especial sobre el derecho a la alimentación; Leilani Farha, ex relatora especial sobre la vivienda adecuada; Léo Heller, relator especial sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, y Magdalena Sepúlveda Carmona, ex relatora sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.