Ciudad de México. El gobierno federal detalló hoy millonarios desvíos de recursos, malversación de fondos, corrupción, estructuras paralelas y entregas a entidades privadas, trasnacionales e incluso extranjeras, entre otras múltiples irregularidades, a través de fideicomisos creados en sexenios pasados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el sector educativo y en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). 

María Elena Alvarez-Buylla, directora del Conacyt, informó que entre 2013 y 2018 se transfirieron directamente de esta institución, tanto por fideicomisos como por el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), 41 mil 624 millones de pesos al sector privado.

Empresas como Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell e IBM recibieron en ese periodo 891 millones de pesos,  pero también, están, sostuvo, “Monsanto, Bayer, Kimberly Clark”...  

Mencionó que los recursos están ligados a uso discrecional y opaco en beneficio del sector privado, lo que contrasta con el objetivo del organismo de contribuir al avance de desarrollo científico y tecnológico desde México. 

Explicó que a los privados se les transfirieron más de 15 mil millones de pesos a través de fideicomisos y mediante el PEI, 26 mil 140.4 millones de pesos. 

Señaló que Conacyt contaba con 91 fideicomisos, con un monto de 65.3 millones de pesos, casi tres veces el presupuesto global anual del organismo, y de estos, 26 sectoriales  implicaban una “gran atomización y dispersión de fondos”, de casi 39 mil millones de pesos.   

Álvarez-Buylla mencionó que las transferencias privadas al sector privado incluyen muchas empresas nacionales y transnacionales.  Entre 2000 y 2018, diez fueron de las más beneficiadas. En primer lugar, RH México Simulation and Training, filial de una trasnacional alemana, por más de mil 531.6 millones de pesos; Prof Tech Servicios, por 464 millones de pesos; Comercial Acros Whirpool, por 149 millones, entre otros.   

Mencionó como reflejo de inequidad, pulverización e ineficiencia, que uno por ciento de los sujetos de apoyo recibieron más 26 mil 134 millones de pesos. 

Dentro de los fondos sectoriales, llamó la atención en los más de 9 mil 400 millones que se transfirieron al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) “en periodos que fueron asociados a la reforma energética”, en tanto Petróleos Mexicanos no era “muy apoyada a partir del desarrollo científico y tecnológico”. 

En este caso, añadió, hubo costos excesivos con resultados deficientes en 39 de los proyectos del IMP; se detectó que 23 por ciento de los proyectos fueron transferidos a empresas o centros de investigación extranjeros; cuatro tienen recomendación de terminación anticipada por irregularidades y hubo “proyectos irrelevantes para el sector energético, además de que no acreditaron sustento científico ni tecnológico.  

En cuanto a los fondos mixtos, de 2013 a 2018, 80 por ciento se  destinaron para obras de infraestructura civil –de las cuales 11 por ciento se cancelaron- y sólo ocho por ciento para investigación en ciencia básica. 55 por ciento de los recursos fueron sólo para diez estados: Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Baja California, Querétaro, estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Ciudad de México.   

Como ejemplo de irregularidades, señaló que se destinaron 80 millones de pesos al Centro de Innovación y Desarrollo Espacial para que en México se pudiesen diseñar microsatélites; sin embargo encontraron un proyecto totalmente distinto, con sobrecosto, incumplimiento, entre otras.  

También mencionó obra civil inconclusa, fallas estructurales y pagos dobles para el Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria en Hidalgo, para lo que se destinaron cien millones de pesos.  

Álvarez-Buylla indicó que hay 46 llamados “elefantes blancos” por 783.7 millones de pesos.   

Asimismo, refirió irregularidades a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y sobre el Consorcio Centromet (Querétaro), que se presentó en 2017 y cerró al siguiente año,  por 392.5 millones de pesos. Como gerente general fue nombrada Ana Díaz Aldret, esposa del ex director del Conacyt, Enrique Cabrero,.  Encontraron gastos por “muchísimos” viajes onerosos al extranjeros, entre otros irregularidades.   

La directora del Conacyt subrayó que solamente la administración de Fideicomisos, “pagando cuotas a los despachos, a los bancos, nóminas ha implicado más de 500 millones de pesos. Esto es sorprendente porque en 2017 y 2018, Conacyt no asignó un solo peso para ciencia básica y muchos investigadores quedamos sin apoyo”.  

En el sector educativo

Por su parte, José Antonio Álvarez Lima, director general de Canal 11, informó sobre las irregularidades detectadas en el el programa para bebedores escolares, del Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, en el que se ejercieron dos mil 31 millones de pesos y sólo se instalaron 20 mil 500 bebedores, de 31 mil proyectados, con la participación de empresas que se dedican a actividades diferentes, que fueron demandadas por desfalco en 2019.  

Estas son: Refrigeración Ojeda (refrigeración), Grupo Constructor Carsev (urbanización) y Grupo Master Kong (mobilarios), cuyos contratos ascendieron a más de 937 millones de pesos.  

También habló sobre de los desvíos e irregularidades que hubo en el Fideicomiso para los en los  Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de 2014, en Veracruz. Destacó que se concentró el capital en un fondo que popularmente se conoció como “la licuadora”, donde se mezclaron todo los recursos federales y estatales se manera arbitraria y discrecional. Se desconoce el destino final de 868 millones de pesos.   

Mencionó que la mayoría de las obras de infraestructura se entregaron inconclusas, algunas nunca se utilizaron y muchos atletas, entrenadores e invitados fueron ubicados en hoteles de paso porque no había donde hospedarlos.  

Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, a su vez, detalló sobre donaciones con recursos federales a fundaciones privadas estadunidenses, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), con presumible daño a la hacienda pública federal.  

La Secretaría de Hacienda enviaba los recursos a la Cancillería, ésta al IME y a su vez, este instituto lo distribuía a través de la embajada de México en Washington y los consulados de Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Dallas y Laredo. 

A su vez,  entregaban los recursos a las fundaciones Parents Alliance Inc y la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, las cuales recibieron recursos del gobierno mexicanos en 15 ministraciones entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016, por 73 millones 3 mil dólares, que al tipo de cambio actual representan más de mil 500 millones de pesos. 

En 2013, Emilio España, uno de directivos de la citada asociación empresarial registró en Estados Unidos a Juntos Podemos, como iniciativa para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en Estados Unidos. Su presidenta honoraria es Josefina Vázquez Mota.