Toluca, Méx. Un juez de control del distrito judicial de Toluca, con sede en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, consideró legal la detención de Kenia Inés Hernández Montealbán, activista de derechos humanos y fundadora del Colectivo Libertario Zapata Vive.

Este miércoles se desarrolló la audiencia inicial en la que le fue formulada la imputación por el delito de robo con violencia por hechos registrados en febrero pasado.

Aunque ayer, la Fiscalía de Justicia mexiquense había reportado que se le detuvo en cumplimiento de una orden de aprehensión tras ser acusada de robo por un automovilista en el Circuito Exterior Mexiquense, durante una protesta en el mes de marzo, hoy se pudo conocer que la orden de captura que cumplimentó la Guardia Nacional el domingo pasado, se debe a otra causa penal.

La imputación que se le hace ahora a Kenia Inés radica en una acusación de un par empleados de la caseta de la Hortaliza, de la autopista Toluca-Zitácuaro, quienes la identifican como la responsable de haberles despojado del dinero del peaje en este puesto de cobro, durante una protesta efectuada en febrero pasado.

Antonio Lara Duque, uno de sus abogados y dirigente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló que se trata de un expediente fabricado contra Kenia y que la acusación no tiene fundamento alguno.

“La acusan nuevamente de robo con violencia; y de dónde sostenemos que es fabricada? Sencillo. Kenia ha sido muy incómoda para las concesionarias de las casetas de peaje, porque ha participado en manifestaciones y protestas públicas para liberar las casetas de peaje con el fin de que la gente no pague, que haya libre tránsito. Ahora, ellos (los concesionarios y las autoridades) han iniciado una campaña de criminalización en contra de Kenia porque sienten que les perjudica el negocio. Como liberar las casetas no es un delito, la acusan de otra cosa que Kenia no cometió”, aseguró Lara Duque.

La activista, fue asistida durante la diligencia por un intérprete de la lengua Amuzgo, pues Kenia, señaló pertenecer a esta población indígena.

Desde muy temprano, la policía estatal desplegó a decenas de policías antimotines para resguardar el edificio de juzgados donde se desarrollaría la audiencia, ante el temor de que hubiera protestas o intentos de ingresar al lugar sin autorización.

A la diligencia sólo tuvieron acceso las partes, --ministerio público, defensa e intérprete--- pues como las salas son pequeñas, no es posible permitir el ingreso del público, pues no se garantiza la sana distancia.

El juez de control concedió a Kenia la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. También le decretó la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece encarcelada el penal estatal de Santiaguito, donde fue ingresada desde la noche del lunes, tras su detención por la Guardia Nacional , el domingo por la tarde en Amozoc, Puebla.

El juez fijó la continuación de la audiencia para el 23 de octubre a las 14 horas, a fin de que la activista pueda presentar pruebas que desvirtúen la acusación.