El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México se declaró incompetente para conocer la nueva demanda de amparo que promovió Emilio Lozoya Austin,  ex director de Petróleos Mexicanos,  contra el aseguramiento del inmueble  que se localiza en el fraccionamiento residencial Lomas de Bezares. 

El ex funcionario tramitó el recurso el pasado 14 de octubre y entre los actos que reclama fue el acuerdo del 22 de septiembre de 2020 veintidós de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación ED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019e, mediante el cual se decretó el aseguramiento de bien inmueble ubicado en Ladera 20, interior 11, colonia Lomas de Bezares, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

Además señaló como autoridades responsables a Rosa Angélica Cruz Anaya, agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de fiscal en jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República (FGR); al director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y al titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. 

Sin embargo, Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo, turnó el caso  a su homóloga Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, quien en primera instancia le concedió el amparo a Lozoya Austin contra el aseguramiento. 

 El mes pasado, el Tercer Tribunal Colegido en materia Penal del primer circuito amparó a Lozoya Austin y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dejar sin efecto el resguardo del inmueble. 

En ese entonces, los magistrados confirmaron la resolución de la juez Ortega Tlapa, quien le concedió la protección de la justicia federal a Lozoya Austin y ordenó  dictar una nueva resolución purgando los vicios formales que la afectaban. 

Por ello, la FGR subsanó las inconsistencias y elaboró una nueva acta de aseguramiento, donde argumentó que el inmueble es objeto del delito, ya que habría sido adquirida con dinero que entregó el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), como parte de un presunto soborno para que Pemex adquiriera la empresa Agronitrogenados, por la que pagó un sobreprecio superior a los 200 millones de dólares. 

A finales de mayo del año pasado, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), dependiente de la FGR, catearon y aseguraron la propiedad como parte de la investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019 que realizó la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.