A sus voces para evitar que se pierdan los fondos para la protección de víctimas, activistas y periodistas, se unieron el nuevo representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, y la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de las garantías individuales, Mary Lawlor.

Ayer, desde temprana hora, decenas de personas se dieron cita para bloquear los accesos del recinto legislativo a fin de que los senadores no pudieran ingresar y con ello evitar la reunión de las comisiones, entre ellas la de Hacienda, donde se discutiría el dictamen de extinción de los fideicomisos.

Llamaron a que antes de eliminar esos fondos, el gobierno federal los analice y corrija en los que se han dado actos de corrupción y se sancione a los responsables, tanto en los destinados para derechos humanos como a los del desarrollo científico.

A la manifestación se sumaron sobrevivientes a violaciones de los derechos humanos, familiares de víctimas, periodistas desplazados, activistas, representantes del movimiento de ex braceros y académicos de diversos centros de investigación, quienes gracias a las gestiones de los senadores Kenia López (PAN) y Emilio Álavez Icaza (independiente), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, tuvieron una comunicación virtual con el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta (Morena), quien se comprometió a escuchar las observaciones y les garantizó que las inquietudes que han estado planteando se atenderán.

Sobre los fondos dirigidos a áreas de protección a los derechos humanos, los manifestantes expresaron que extinguirlos representaría ponernos una bala en la cabeza, ante los riesgos que enfrentan sobre todo activistas y comunicadores, o dejar en la indefensión a miles de familias que siguen buscando familiares y esperando justicia. En cuanto a los de ciencia, esto causará impacto negativo en el desarrollo del país.

En ese marco, el representante en México de la ONU-DH alertó del riesgo que representa el escenario de desaparecer los fideicomisos a la par de que no haya una alternativa para garantizar la entrega de los recursos a los beneficiarios.

Desde Ginebra, Suiza, la relatora Lawlor difundió un pronunciamiento en el que llamó al Estado mexicano a garantizar los recursos y fondos adecuados para la protección de los activistas, pues su vida puede depender de ello.