Con el objetivo de impulsar la cultura de la denuncia ante actos de corrupción en la administración pública federal, este lunes la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción.
Al respecto, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros afirmó que “en el gobierno de México no hay espacio para el silencio frente a la corrupción”. En esta administración “impulsamos una nueva política pública para fomentar la denuncia con base en tres ejes: confidencialidad de los denunciantes, acompañamiento desburocratizador de la denuncia y proactividad de la función pública para combatir la impunidad”.
La funcionaria afirmó que el objetivo del documento es “ofrecer garantías para los héroes ciudadanos y servidores públicos que se conducen con integridad y se atreven a alzar la voz en nombre de la sociedad”.
En un comunicado, la SFP detalló que el protocolo consolida uno de los cinco ejes con los que Sandoval Ballesteros “impulsa el combate a la corrupción desde el inicio de su administración, que busca otorgar medidas de protección efectivas a las personas alertadoras que denuncien, a través del Sistema de Ciudadanos Alertadores (www.alertadores.funcionpublica.gob.mx), hechos graves de corrupción relacionados con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos cometidos en la administración pública federal”.
Con esta herramienta se coordinarán las acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de los alentadores de la corrupción, garantizar su certeza y seguridad jurídica, y promover mecanismos de protección oportunos y eficaces que resguarden su integridad en todos los aspectos.
Sandoval Ballesteros afirmó que con esta estrategia de combate a la corrupción se replican las mejores prácticas a nivel internacional, a través de esquemas que permitan reconocer la importancia de la denuncia ciudadana, con base en los principios de los tratados y convenios de los que México es parte, como las convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Interamericana contra la Corrupción, y Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Para la aplicación de las medidas de protección señaladas en el protocolo, la SFP, a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de los Órganos Internos de Control, y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado, deberá realizar las gestiones sin dilación, a fin de evitar poner en riesgo a los alertadores.
Además, la titular de la dependencia podrá suscribir los convenios de colaboración con los entes públicos y privados que faciliten el otorgamiento de las medidas de protección previstas en el protocolo.
La funcionaria refirió que, en el pasado, “en la lógica de la corrupción se ha querido menoscabar el valor de quien se atreve a denunciar, de quien tiene el imperativo moral de hacer lo correcto y una motivación ética de actuar en contra de la corrupción”, lo que ya no se permitirá.
19_10_2020 Acuerdo por el que se emite el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción. https://t.co/By7JRUlEOv pic.twitter.com/jGg9WA4k7h
— Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) October 19, 2020
