Ciudad de México. La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó en lo general y particular, una reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuya pretensión es enfrentar la emergencia sanitaria y reactivar la economía del país.

El texto aprobado establece que no se busca exceder los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, y si dar herramientas para un manejo de las finanzas públicas locales, generar infraestructura y fortalecer la hacienda pública local.

Con ello las entidades federativas podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias, y otorga mayor claridad y certeza jurídica en el ejercicio de las transferencias federales etiquetadas.

Carol Antonio Altamirano (Morena), adujo que el beneficio de la reforma es encarar de mejor manera las necesidades que se han evidenciado en las entidades y municipios para atender tensiones en las finanzas públicas que fueron generadas o agravadas por la emergencia sanitaria y económica. “Se ajusta el texto para atender una emergencia una vez que sea reconocida por la autoridad competente, la modificación quedará vigente a partir de este año y para los siguientes ejercicios; es una precisión necesaria, porque de otra manera, estará prohibido contratar personal de salud adicional, aunque se necesite.

“Por ello, se incorpora la definición de emergencia o contingencia sanitaria para que los recursos previstos en los presupuestos estatales para desastres naturales también se destinen a acciones extraordinarias en materia de salubridad general.”

También se apoyaría a los gobiernos ante caídas del Producto Interno Bruto (PIB), superiores al 5 por ciento; en ese caso, se permitirá la reestructuración de deuda de corto plazo celebrada en el ejercicio anterior al que se observó la caída del PIB; así se podrá ampliar la fecha de liquidación establecida en periodo de pagos de capitales iguales o consecutivo de la deuda para que puedan programar sus pagos en función de sus ingresos.

Y las transferencias federales etiquetadas del 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre del 2020, mientras que las de 2020 podrán devengarse y pagarse en octubre del 2021, siempre que los recursos en ambos casos hayan estado comprometidos en diciembre. “Esta medida es una de las más sensibles pues evita sancionar retrasos en el reintegro de las transferencias que se tenían que hacer en marzo de este año, justo cuando inició la etapa crítica de la pandemia que fue un hecho claramente emergente y que altera el ritmo de las actividades”, dijo.

Al argumentar en contra el diputado del PT, Óscar González Yáñez seguro que la medida es insuficiente y con poco alcance; el beneficiario es el sistema financiero y los bancos. Propuso revisar entidad por entidad, conocer las medidas para bajar su gasto corriente o el manejo de comunicación social. “Se rompe la autonomía de los estados y desaparecen facultades a los congresos locales; la medida no debe ser general para todas las entidades”.

Por el contrario, coordinador de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció que la medida no es de largo alcance ni de profundidad, pero sí contribuye a mejorar el gasto de las entidades para el control de la pandemia y de la reactivación económica. Planteó adicionar un transitorio para que en un lapso de 12 meses la Cámara de Diputados revise la dependencia de los financiamientos de corto plazo en las entidades federativas, promoviendo una mejor gestión financiera pública.

No obstante, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT, dijo estar en contra y señaló que esta reforma permite contratación y adjudicación directa de la deuda sin aprobación o consulta de los congresos locales. “Esta modificación abre la ruta a créditos de corto plazo, lo cual no es la salida correcta; necesitamos ser responsables y no aprobar esta reforma”.