Minsk. Decenas de miles de opositores desfilaron el domingo contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, pese a la amenaza policial de reprimir con armas de fuego la protesta en cuyo transcurso fueron detenidos al menos un centenar de manifestantes.

Esta marcha es la primera acción importante desde el ultimátum dado a Lukashenko, en el poder desde 1994, por la líder de la oposición Svetlana Tijanóvskaya, refugiada en Lituania.

La opositora le dio al presidente hasta el 25 de octubre para que se retire, de lo contrario llamará al país a manifestarse y a una huelga general.

A diferencia de las protestas anteriores, los manifestantes escogieron el domingo no desfilar en el centro de Minsk sino en una arteria del sur de la capital, donde se encuentran varias fábricas, gritqndo "¡Huelga!" y consignas anti-Lukashenko y contra la policía.

"Hasta ahora, más de 100 personas fueron detenidas en Minsk", indicó a la AFP la portavoz del ministerio bielorruso del Interior, Olga Tchemodanova.

El presidente de 66 años, bajo una presión sin precedentes desde las controvertidas elecciones presidenciales del 9 de agosto, no ha mostrado ninguna intención de ceder a las demandas de sus opositores, todo lo contrario.

Todos los líderes de la oposición bielorrusa están ahora detenidos o exiliados en el extranjero.

Y el domingo pasado, la manifestación semanal en Minsk fue violentamente reprimida por la policía, que utilizó cañones de agua y granadas aturdidoras contra la muchedumbre y detuvo a cientos de personas. Fue la intervención más brutal en semanas.

El lunes, el ministerio del Interior advirtió que la policía no dudará en recurrir "si es necesario" a las armas de fuego, lo que constituiría una grave escalada de la crisis.

Las autoridades, que acusan a los occidentales de fomentar las protestas para derrocar a Alexander Lukashenko, justificaron esta decisión diciendo que las manifestaciones se habían vuelto "organizadas y extremadamente radicales" con "piedras, botellas y cuchillos" que se lanzan a la policía antidisturbios, así como "barricadas e incendios" en las calles.

El jefe del KGB, Ivan Tertel, dijo el sábado que estaba al tanto de una "inminente provocación" que se está preparando para "desestabilizar" Bielorrusia.

"Esta marcha no será diferente de las demás (...) Es solo otro intento de asustar a la gente", dijo a la AFP Dmitri Malets, de 33 años, partidario de la oposición.

La policía bielorrusa ya había disparado munición real a principios de agosto durante las primeras manifestaciones en el sur del país. Un manifestante murió a causa de sus heridas.

- Ultimátum -

Otras manifestaciones más pequeñas fueron reprimidas por la policía desde la última manifestación gigante del domingo.

El sábado, durante la tradicional manifestación de mujeres y estudiantes, varias personas, incluyendo periodistas, fueron arrestadas.

En su ultimátum, fijado para el 25 de octubre, la opositora Svetlana Tijanóvskaya, además de la dimisión de Lukashenko, pidió poner fin a la represión de las manifestaciones y la liberación de todos los "presos políticos".

"Si nuestras demandas no se cumplen para el 25 de octubre, todo el país saldrá a la calle pacíficamente", advirtió el martes.

"Y el 26 de octubre, comenzará una huelga nacional de todos las empresas, todas las carreteras quedarán bloqueadas, las ventas en las tiendas estatales se hundirán", añadió.

Desde el comienzo del movimiento de protesta, cientos de manifestantes, líderes de movimientos políticos, sindicatos y periodistas fueron arrestados.

Lukashenko tiene el apoyo de Moscú, pero está bajo la amenaza de sanciones de la Unión Europea.

La UE ya sancionó a 40 dirigentes del régimen, entre ellos el ministro del Interior y su adjunto, acusados de estar implicados en la represión y el fraude en las elecciones presidenciales del 9 de agosto, cuyo resultado no reconocen los europeos.

Tijanóvskaya realizó numerosos viajes al extranjero, y obtuvo el apoyo de Alemania y Francia, entre otros, pero Rusia considera que estas intervenciones son una injerencia y considera que la opositora y ex candidata presidencial no es una interlocutora legítima.