Lima. El presidente peruano, Martín Vizcarra, fue señalado por tres testigos de presuntamente haber recibido un pago ilícito cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014) con el fin de favorecer a unas empresas con la concesión para construir un hospital.

De acuerdo con investigaciones publicadas este domingo por los diarios El Comercio y La República, el hoy mandatario habría recibido de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA) e Incot  un millón 300 mil soles (unos 370.000 dólares).

Las declaraciones de los tres aspirantes a colaboradores de la Justicia peruana, ofrecidas al fiscal Germán Juárez, sostienen que los pagos ilícitos se habrían hecho en varias ocasiones, incluso cuando Vizcarra ya ejercía como vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones.

Uno de los testigos, que de acuerdo con los medios locales viene a ser el "tercer aspirante a colaborador", es un ex ministro de la gestión del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y próximo a Vizcarra, cuya identidad se mantiene en reserva por temas legales.

La información obtenida por Juárez, integrante del equipo fiscal que investiga los casos Odebrecht y el "Club de la Construcción", apunta a que en 2013 dos consorcios concursaron para obtener la buena pro del proyecto Hospital Regional de Moquegua, uno de ellos ICCGSA-Incot.

El proceso de licitación y entrega de la buena pro estuvo a cargo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que se encargó de evaluar las propuestas y resolver las consultas técnicas de las empresas.

A pocos días de haberse presentado las propuestas, Unops habría convocado a ICCGSA-Incot a una reunión en la que estuvo presente Vizcarra, donde le informó que aunque su oferta era la mejor debían realizar un ajuste en el monto, con lo que el consorcio estuvo acuerdo.

Poco después, un "emisario" de Vizcarra se habría comunicado con el consorcio indicando que el entonces gobernador "solicitaba aproximadamente un millón 300 mil soles para dar la aprobación de la oferta presentada", y que, si no, declinaría su conformidad al contrato.

La mayoría de los pagos del consorcio se efectuaron a través del "emisario de Vizcarra" en las oficinas de ICCGSA, en la avenida Aramburú, del distrito limeño de San Isidro.

El fiscal Germán Juárez desarrolla una investigación paralela, en el marco de lo cual un aspirante a colaborador de la Justicia habría señalado a Vizcarra de haber recibido otro millón de soles (unos 285.000 dólares) de parte de otro consorcio: Obrainsa-Astaldi.
El presunto pago irregular de ese consorcio a Vizcarra, cuando aún era gobernador de Moquegua, fue para hacerse de la obra Lomas de Ilo.

Aunque Vizcarra no se ha pronunciado sobre el caso ICCGSA-Incot, respecto a Obrainsa-Astaldi dijo la semana pasada que se trata de intereses "muy poderosos" que buscan "intimidar al presidente" por su lucha contra la corrupción.

Los señalamientos en su contra se deben a que pidió avances en las investigaciones sobre el caso de la constructora brasileña Odebrecht, comentó en esa ocasión.

Sobre el hoy jefe de Estado pesa, además, un señalamiento que lo vincula al caso de Richard "Swing" Cisneros, quien habría sido contratado bajo su gestión presidencial por el Ministerio de Cultura para ofrecer servicios innecesarios.