Ciudad de México. Hace 67 años, las mujeres mexicanas lograron el reconocimiento de su derecho ciudadano a votar y ser votadas. A pesar de la oposición que recibió la propuesta, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines cumplió en 1953 con la demanda que las mujeres iniciaron incluso antes de la Revolución Mexicana.

Más de un siglo después de que la idea del sufragio femenino en México tomara forma por primera vez en la revista feminista Las violetas del Anáhuac, finalmente contamos con una legislatura paritaria. Hoy, a casi siete décadas de conseguir el derecho al voto, gracias a la incansable lucha y perseverancia de las mexicanas, tenemos el compromiso de concretar en el 2021 la paridad en todo.

Sin embargo, aún restan grandes desafíos para hacer realidad el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad y seguridad, un reto especialmente complejo para las mujeres rurales, las indígenas, las afromexicanas, entre otros grupos que, al no considerarse electoralmente significativas siguen siendo ignoradas.

En nuestra democracia, aún no se reflejan los sueños y aspiraciones de muchas mujeres y su camino todavía está lleno de obstáculos para dirigir y representar a otras personas.

Si bien la reforma constitucional de 2014 garantizó la paridad de género en el registro de las candidaturas, aún persisten prácticas que limitan la participación de las mujeres.

La expresión más dramática de la discriminación es la violencia política contra las mujeres por razones de género. Por ello, la reforma más reciente, del 13 de abril de 2020, dispuso mecanismos jurídicos y partidarios que sancionan este tipo de violencia.

La gran prueba será en este 2020-2021, que se llevará a cabo la elección más grande de la historia de México: más de 21 mil cargos de elección popular estarán en las boletas y la mitad de esas candidaturas tendrán que ser mujeres.

En esa mitad de candidaturas es indispensable generar las condiciones para que todas las mujeres en sus diversidades estén representadas, con énfasis en que las mujeres indígenas y afromexicanas formen parte de la toma de decisiones que transforman al país.

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Desde el Inmujeres reiteramos la confianza en que los Organismos Públicos Electorales diseñen y apliquen acciones afirmativas que garanticen que estas poblaciones clave puedan acceder a candidaturas en diputaciones y ayuntamientos municipales.

Es impostergable que los partidos políticos promuevan la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas, asegurándoles todas las condiciones para que su inclusión sea libre de todo tipo de violencia política por razón de género y se aplique el principio de paridad, ingredientes indispensables para una verdadera democracia.

No podemos negar que las democracias actuales han promovido mayores niveles de inclusión y pluralismo en sus procesos, pero aún tenemos deudas irrenunciables, y justamente una es reducir la desigualdad política en un país multicultural, porque sin la representación de los grupos que históricamente han sido excluidos y marginados, es impensable que se pueda lograr la igualdad sustantiva.

Sumar a más mujeres diversas representa para los partidos políticos la posibilidad de representar a México en toda su amplitud. Incorporar a estos grupos no solo es un deber, si no que es la oportunidad para aprovechar en la vida pública los saberes y la experiencia de las mujeres históricamente excluidas. Sumar una riqueza de la que nos hemos perdido.