El capo, quien fue abatido por efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en febrero de 2017, es señalado por el gobierno de Estados Unidos de ser quien entregaba sobornos al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). De acuerdo con información proporcionada por funcionarios del gabinete de seguridad, Patrón Sánchez formó parte del cártel de Sinaloa, y en 2008 decidió unirse al grupo de Isidro Meza El Chapo Isidro, quien colaboraba con el grupo de los Beltrán (Arturo, Héctor, Esaú y Carlos).
La persecución sistemática del gobierno a la organización de los hermanos derivó en el abatimiento en la ciudad de Cuernavaca de Arturo en diciembre de 2009; ese mismo mes fue detenido en Culiacán Carlos; el 30 de agosto fue capturado en el estado de México uno de los principales operadores de la organización, Édgar Valdez Villarreal La Barbie; en septiembre de 2010 fue aprehendido Sergio Barragán Villarreal El Grande, otra de las piezas importantes dela organización y en octubre de 2014 cayó Héctor Beltrán en Guanajuato. En ese contexto, Patrón Sánchez asumió el liderazgo de la organización de los Beltrán Leyva, hasta que el 9 de febrero 2017 fue abatido junto con otros 13 integrantes de su organización, tras enfrentarse con efectivos de la Marina en el estado de Nayarit.
El grupo de El H-2 logró consolidar su organización y por ello mantenía una disputa permanente con el cártel de Sinaloa en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. Entre 2014 y 2017 extendió sus redes al sur de Sinaloa, Guerrero y Jalisco, entidad esta última donde también confrontó al cártel Nueva Generación.
De acuerdo con la información oficial, el grupo de Patrón Sánchez recibió protección gubernamental del ex gobernador esa entidad, Roberto Sandoval, a quien Estados Unidos lo ha solicitado en extradición para ser enjuiciado por colaborar con grupos criminales, y es un prófugo para el gobierno mexicano.
Asimismo, se le relaciona con el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos y fue sentenciado en ese país en septiembre de 2019 a 20 años de prisión, al ser declarado culpable de conspirar para distribuir cocaína, mariguana y metanfetaminas, a cambio de sobornos de grupos criminales