La detención de Cienfuegos Zepeda en Los Ángeles el jueves pasado, a solicitud del mismo tribunal que ha llevado los casos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, supone un parteaguas en la relación bilateral México-Estados Unidos en torno al narcotráfico, al tiempo que cimbra a las fuerzas armadas nacionales. No sólo por tratarse del militar de mayor rango en ser procesa-do por vínculos con el crimen organizado, sino por la gran cantidad de cargos que ocupó dentro de las instituciones castrenses.
La carrera de Cienfuegos dentro de las fuerzas armadas se remonta a 1964, cuando ingresó al Heroico Colegio Militar, y despegó a inicios de siglo en Jalisco, donde pasó de comandar el 14 Batallón de Infantería a hacerse cargo de la 15 Zona Militar, para, finalmente, ascender a la comandancia de la V Región Militar. A partir de entonces, comandó otras cuatro regiones militares, incluidas la IX, con sede en Acapulco, Guerrero, y la VII, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su paso por la IX Región Militar coincidió con el apogeo del cártel de los Beltrán Leyva, por entonces uno de los grupos delictivos más poderosos del país gracias a su alianza con el cártel de Sinaloa. De acuerdo con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el involucramiento del general Cienfuegos en el tráfico de estupefacientes se dio precisamente con uno de los cabecillas que asumieron el liderazgo del cártel tras la muerte o detención de los hermanos Beltrán Leyva.
Más allá de los presuntos lazos delictivos del ex secretario, los cuales deberán ser comprobados por los fiscales neoyorquinos, su mandato al frente de la Defensa Nacional se encuentra signado por violaciones a los derechos humanos, y en particular por dos episodios: la masacre de Tlatlaya y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa. Ambos hechos ocurrieron en 2014, con apenas tres meses de diferencia; en el primero, integrantes del Ejército ejecutaron de manera extrajudicial a 22 personas y alteraron la escena para presentar la matanza como un enfrentamiento; en el segundo, integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, habrían participado en el ataque, detención y entrega de los normalistas a criminales. En uno y otro caso, Cienfuegos Zepeda se negó a que se esclarecieran debidamente y se hiciera justicia.
Aunque hasta ahora no hay ninguna investigación en su contra en México, la llegada de la actual administración federal puso fin a una carrera cobijada durante las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así quedó patente cuando, todavía como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador rechazó la terna presentada por Salvador Cienfuegos para sucederlo al frente de la Sedena y designó en ese cargo a Luis Cresencio Sandoval, militar ajeno al grupo del ahora detenido.
Como señaló ayer el titular del Ejecutivo, las acusaciones contra el ex secretario de la Defensa constituyen una nueva muestra de los niveles de descomposición alcanzados durante los gobiernos del ciclo neoliberal. Asimismo, exhiben que la captura de porciones relevantes del Estado por parte de los grupos del crimen organizado ha sido una realidad palpable en el pasado inmediato. Por ello, cabe esperar que su detención dé paso a una limpieza profunda de la fuerzas armadas, a fin de remover a cualquier elemento corrupto que continúe medrando en ellas, pero también que allane el camino al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas bajo su mando.
