En la brevísima audiencia inicial por videoconferencia, el juez federal Alexander McKinnon le preguntó a Cienfuegos si entendía la acusación en su contra y si cuando fue detenido entendió sus derechos legales, a lo cual respondió de manera afirmativa.

El acusado contrató al abogado Duane Lyons (del bufete Quinn Emmanuel que lleva también la defensa de Genaro García Luna y otros ex funcionarios acusados de narcotráfico) para representarlo en este primer paso de lo que promete ser un largo proceso judicial.

El asunto de una solicitud de libertad bajo fianza como el del traslado del general a la ciudad de Nueva York para ser enjuiciado se abordará el próximo martes ante el mismo juez, mientras tanto permanecerá encarcelado bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Los Ángeles.

Los fiscales federales suponen que será trasladado a Nueva York en las próximas semanas, ya que en esta ciudad se formularon los cargos y el Tribunal Federal del Distrito del este neoyorquino será sede de su proceso judicial que culminaría eventualmente en un juicio. El general Cienfuegos Zepeda está acusado por el gobierno de Estados Unidos de cuatro cargos: tres por conspiración de manufactura, distribución e importación a Estados Unidos de drogas ilícitas y un cargo por lavado de dinero, todo según el documento judicial oficial presentado por los fiscales ante el tribunal en Nueva York el 14 de agosto de 2019 –misma fecha en que se emitieron las órdenes de su arresto– y hecho público este viernes después de que elacusado fue detenido el jueves en el aeropuerto de Los Ángeles.

Los fiscales encargados del caso acusan que el general Cienfuegos Zepeda abusó de su puesto para ayudar al cártel de El H-2 a traficar miles de kilos de diferentes narcóticos a Estados Unidos y que, a cambio de sobornos, permitió que ese grupo delictivo actuara con impunidad en México.

De acuerdo con la acusación oficial, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 el general Cienfuegos, también conocido como El Padrino, conspiró junto con otros para manufacturar y distribuir drogas ilícitas incluyendo heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana con el conocimiento de que serían exportadas a Estados Unidos.

El cuarto cargo es por conspiración para blanquear fondos procedentes del narcotráfico y acusa que entre las mismas fechas de diciembre de 2015 a febrero de 2017, el mando militar realizó operaciones financieras transfiriendo fondos procedentes del narcotráfico.

Los fiscales estadunidenses calculan que la pena mínima para cada uno de los primeros cargos es de 10 años de prisión y en conjunto una máxima de cadena perpetua.

En una carta enviada al tribunal en Nueva York por el fiscal federal interino Seth Ducharme, fechada este viernes 16 de octubre, se solicita una orden permanente de detención para el general –descartar cualquier forma de libertad condicional, bajo fianza o arresto domiciliario–, ya que el acusado representa un riesgo de fuga.

La parte acusadora sostiene que el acusado abusó de su puesto como secretario de la Defensa Nacional que ocupó entre 2012 a 2018 para ayudar a traficar miles de kilos de drogas ilícitas. “A cambio de pagos de soborno, permitió al cártel H-2 –que rutinariamente cometió numerosos actos violencia, incluyendo tortura y asesinato– a operar con impunidad en México”.

La evidencia recabada por fuerzas de seguridad pública, la cual incluye miles de comunicaciones por BlackBerry Messenger interceptadas, revela que mientras era secretario de la Defensa Nacional, a cambio de sobornos, el acusado ayudó al citado grupo delictivo de múltiples maneras, como asegurar que no se realizaran operaciones militares contra ese cártel, pero sí lanzando operaciones contra los rivales, facilitando transporte marítimo, ampliando el territorio controlado por ese cártel a Mazatlán y el resto de Sinaloa y presentando a líderes con otros funcionarios mexicanos dispuestos a colaborar.

Según la carta del fiscal, Cienfuegos alertó a El H-2 sobre las investigaciones realizadas por fuerzas de seguridad pública estadunidenses sobre sus operaciones, incluyendo el uso de informantes y testigos cooperantes, lo cual resultó en el asesinato de un integrante del cártel.

En las comunicaciones interceptadas ahora en poder de las autoridades estadunidenses, se encuentran varios intercambios entre el acusado y un líder del cártel H-2 en las que Cienfuegos habla de su historia asistiendo a otra organización de narcotráfico como también otras en que es plenamente identificado.

El fiscal revela también que múltiples testigos han ofrecido una riqueza de información al gobierno estadunidense sobre las operaciones de El H-2, incluyendo el uso de sobornos para obtener la protección del gobierno.

El fiscal Seth Ducharme concluye que como deja en claro la conducta criminal del acusado, él no tiene ningún respeto por la autoridad pública y el imperio de ley y acusa que “ha puesto en peligro la seguridad de oficiales de seguridad pública estadunidenses y sus testigos al divulgar su existencia y el estatus de la investigación criminal sobre el cártel H-2 a su alto liderazgo”.

La acusación formal divulgada hoy fue registrada ante el tribunal el 14 de agosto de 2019. El Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York está en el mismo edificio donde se realizó el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y el enjuiciamiento de Genaro García Luna; por ahora no hay información ni evidencia de que el caso de Cienfuegos esté relacionado con los otros dos. Nota relacionada: https://www.jornada.com.mx/2020/10/16/ politica/003n1pol