Santiago. Hace un año que Chile puja por cambiar: la tarde del 18 de octubre de 2019, cuando comenzaba la hora punta de regreso a casa, los estudiantes de secundaria intensificaron una protesta que consistía en ingresar al metro de Santiago evadiendo el pago del pasaje (había aumentado en 4 centavos de dólar), a lo cual el gobierno respondió con represión al interior de las estaciones, que fueron gaseadas con lacrimógenos por carabineros.

Cientos o miles resultaron intoxicados, el metro cerró los accesos y paralizó el servicio, también el transporte público por superficie. Eran las 5 de la tarde, todo se volvió caótico y millones debieron caminar por horas hasta sus hogares.

Mientras eso pasaba, el presidente Sebastián Piñera se fue a comer con familiares a una pizzería en un barrio elegante de la ciudad, donde fue fotografiado y la imagen difundida por redes sociales, causando indignación. El gobernante, alertado del caos que se instalaba, retornó a la sede del gobierno. Pero ya era tarde, el país estable, próspero, admirado, etc., estaba literalmente derrumbándose y su gobierno colapsando.

Conforme se hacía la noche, las estaciones del metro por todo Santiago comenzaron a ser vandalizadas y/o quemadas, unas 90 quedaron con destrucción parcial o total; decenas de autobuses y el edificio central de la principal compañía de electricidad, fueron incendiados. Centenares de supermercados y otros comercios serían saqueados, muchos también ardieron, a partir de esa noche y durante semanas.

Piñera, descolocado, decretó el estado de emergencia constitucional, sacó 30 mil militares a la calle y declaró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, especulando con teorías conspirativas como que había una agresión encubierta extranjera.

El 25 de octubre, la sociedad le respondió en la calle, con inmensas manifestaciones en ciudades y pueblos que convocaron a millones y que continuaron por meses. Tanto fue, que el presidente osó afirmar que él también había participado.

La recapitulación podría seguir, pero la síntesis es que fue un colapso institucional generalizado, a manos de la indignación de las personas abusadas por un modelo económico, social y político que les arrebató su dignidad, imponiendo un sistema de vida fundado en el endeudamiento para satisfacer necesidades básicas y de consumo, con todos los derechos sociales concebidos como negocio y privatizados, y el Estado cumpliendo un papel apenas subsidiario.

Un año después, el único resultado plausible de las protestas es la promesa de un plebiscito que se realizará el 25 de octubre, para decidir acerca de un camino constitucional. Ninguna reforma estructural se hizo.

"Chile llega al 18O en una tensa calma que en cualquier momento puede traer altos niveles de violencia. Las reformas policiales prometidas no se han realizado, los avances políticos son aún escasos, la pandemia ha afectado desigualmente más a los pobres y la situación económica es muchísimo más crítica que hace un año", afirma Lucía Dammert, socióloga y doctora en ciencia política, académica de la Universidad de Santiago.

"No es del todo claro cuánto se logra valorar los resultados del 18O. Creo que el 25 sabremos por la votación popular si efectivamente se está reconociendo el momento histórico que se está viviendo o si la pandemia limitó su impacto", agrega.

Ella precisa que la nueva constitución "más que válvula de escape puede convertirse en el imán que permita generar los puentes para unificar a la sociedad sobre un sueño de país común".

Pero hay incógnitas, pues la creciente violencia conforme se acerca el plebiscito y el impacto de la pandemia, están jugando un rol central en la asistencia a los lugares de votación el domingo 25.

Claudio Fuentes, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Diego Portales, dice que las causas profundas del estallido, las injusticias y desigualdades, siguen intactas.

"Los niveles de tensión social no han disminuido; si bien la pandemia generó un estado de desmovilización, las causas del descontento social no han sido resueltas. Hubo una pausa larga producto de la pandemia y a medida que se han ido rebajando las restricciones la gente ha comenzado a protestar", explica.

"El proceso constituyente es una forma de canalizar las muy altas expectativas ciudadanas, porque hay un sentimiento de esperanza pero también hay escepticismo de hasta qué punto este proceso está capturado por los actores políticos, más que por una participación efectiva que involucre a la ciudadanía", añade.

Pero sí hay algo concreto que dejó el año transcurrido: las víctimas de la represión. Ayer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dijo que en el periodo hubo "las más graves violaciones desde el regreso a la democracia", exigiendo "que no haya impunidad" y que Estado se comprometa con verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

En cifras, tres mil 23 personas heridas (mil 810 hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes, 132 niñas y adolescentes, 124 otros. El INDH presentó dos mil 520 querellas criminales por hechos ocurridos entre el 18 de octubre y 18 de marzo de 2020, por los cuales 31 agentes del Estado fueron formalizados y otros 72 figuran imputados por delitos de apremios ilegítimos (mil 730), tortura (460), violencia innecesaria (101), abuso contra particulares (81), entre otros. Y más de 11 mil 300 detenidos, de los cuales unos 2 mil 500 continúan presos.