Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que alrededor de 300 agentes de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales desalojaron “violentamente” una movilización pacífica de indígenas tzeltales que “se oponen a la militarización de su territorio” en el municipio de Chilón. 

En un comunicado dijo que los manifestantes mantenían una protesta “pacífica” en el punto conocido como crucero de Temó, Chilón, para expresar su oposición a que se instale la Guardia Nacional en ese lugar, situado en el norte de la entidad. 

Agregó que los uniformados detuvieron “ilegalmente” a José Luis Gutiérrez Hernández, de 46 años de edad, originario de la comunidad Bahuits Guadalupe y a Cesar Hernández Feliciano, de 30, de la comunidad San Martin Cruzton, acusados de ataques a las vías de comunicación. 

Manifestó que “el cerco policiaco militar implementado la madrugada, en el crucero Temó, incluyó dejar incomunicada a la población, sin señal telefónica y de internet, además de que desde días antes se difundieron, por redes sociales, mensajes que difamaron y criminalizaron a las personas convocantes”. 

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, hizo un llamado al Estado mexicano para que libere “inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano; que garantice la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres que ejercen su derecho a la libre manifestación”. 

Asimismo, que “investigue las violaciones a derechos humanos y los delitos cometidos en contra de la población del pueblo maya tzeltal de Chilón, y que respete sus derechos a la defensa de su territorio y su libre determinación como pueblos originarios”. 

Los indígenas que realizaron la protesta aseguraron que están en contra “rotundamente de la instalación de la Guardia Nacional en nuestro municipio, porque vivimos en paz y tranquilidad y no tenemos la necesidad de que haya presencia militar en nuestro territorio”. 

Expresaron que “en el año 1994 cuando ocurrió el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación nacional (EZLN), el gobierno federal instaló bases militares en diferentes comunidades pertenecientes a los pueblos originarios de Chiapas, dando como resultado un alto índice de asesinatos, mujeres violadas, embarazadas y abandonadas, separación de matrimonios, niños abandonados, incremento del alcoholismo, drogadicción y prostitución, así como propagación de la delincuencia organizada e inseguridad”. 

Advirtieron que “no permitiremos la instalación de Guardia Nacional”, al tiempo que exigieron “la inmediata destitución del alcalde de Chilón, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo y del presidente del comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, por haber firmado el convenio para instalar una base policiaca, a 2 kilómetros del citado ejido, sin consultar a los habitantes del municipio”.