La protesta duró más de cinco horas, lo que causó asentamientos viales de más de 10 kilómetros, pues los inconformes abrían uno de los tres carriles durante breves lapsos.
A pesar de los cortes de circulación que realizó la policía municipal de Ocoyocac para desviar a los usuarios hacia la autopista aledaña, miles de conductores optaron por esperar más de dos horas para llegar a la Ciudad de México. Quienes utilizaron la autopista debieron pagar peaje para evitar la manifestación.
El bloqueo, que se inició pasadas las 10:30 horas, se instaló en el kilómetro 37 de la carretera México-Toluca. Las primeras pláticas que autoridades federales y locales tuvieron con los labriegos resultaron infructuosas. Los campesinos cerraron dos de los tres carriles de la vialidad hasta las cuatro de la tarde, cuando aceptaron retirarse para negociar de nuevo.
Los comuneros de Tepexoyuca y de Acazulco exigen al gobierno federal una compensación por las tierras ocupadas para construir el tramo elevado por donde correrá el Tren Interurbano.
La Federación ha reiterado que ya pagó por los predios utilizados en la zona de La Marquesa a comuneros que acreditaron su legítima propiedad; sin embargo, agricultores de Tepexoyuca indicaron que quienes cobraron la indemnización fueron vecinos de Acazulco que no tienen derechos sobre los terrenos. Destacaron que ex funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se dejaron sorprender por vivales
, a quienes entregaron más de 900 millones de pesos.
Por la tarde, representantes de los gobiernos federal y del estado de México acordaron establecer una nueva mesa de diálogo con los inconformes.
Hace unas semanas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la zona de talleres del Tren Interurbano, le informaron que ya no había pendientes en la liberación del derecho de vía, por lo cual la obra se podía reanudar para ser concluida este año en los tramos 1, de Zinacantepec a Ocoyoacac, y 2, el bitúnel que conecta La Marquesa con la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México.
Los trabajos llevan un avance de 87 por ciento, y se prevé que el tren empiece a funcionar en 2022. El proyecto se inició en 2014, durante la administración de Enrique Peña Nieto, y se detuvo a inicios de este sexenio por falta de recursos.
La inversión proyectada inicialmente era de 39 mil millones de pesos; no obstante, para finales de la administración de Peña Nieto se habían erogado más de 60 mil millones. Una de las principales causas de la elevación de costos fue que sólo se presupuestaron 4 mil millones de pesos para liberar los derechos de vía, pero hasta 2018 se habían gastado más de 30 mil millones por ese concepto, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
