Ciudad de México. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular la autodeterminación y la autonomía, deben ser garantizados constitucionalmente, con el fin de que México cumpla con los acuerdos internacionales que ha firmado en la materia, dijeron representantes de esas comunidades.

Durante el foro La lucha por la libre determinación en las políticas y marcos legales en México, convocado por la Alianza  por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), exigieron anteponer los derechos colectivos de las comunidades originarias a los de corporaciones que buscan establecer megaproyectos en sus territorios, además de que se reconozca el carácter pluricultural del Estado.

En esa exigencia fueron acompañados por los relatores sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay; y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola Noguera, quienes también participaron el foro virtual, que se celebró este miércoles.

Cali Tzay incluso externó su preocupación por el hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya planteado un recorte de casi 58 por ciento en el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como parte de las medidas de austeridad para redirigir recursos a la lucha contra  el Covid-19.

“Si bien se necesita reorientar fondos para hacer frente a la pandemia, esto no debe ser a costilla del sufrimiento de los pueblos indígenas. Que no sea sacrificándolos a ellos, en esta época de Covid-19 es cuando los Estados más deben apoyar a estas comunidades, que son los que se han sentido relegados de las políticas públicas contra la enfermedad”, sostuvo.

El relator enfatizó que la armonización de las leyes mexicanas con los tratados internacionales en materia de derechos indígenas debe comenzar por el reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho público y jurídico, para garantizar el pleno ejercicio a su autonomía y autodeterminación.

Urrejola Noguera indicó que si bien México ha tenido avances en la atención a las recomendaciones internacionales en la materia, hasta ahora éstas no han sido cumplidas totalmente.

La libre determinación de estos pueblos es fundamental a fin de que sean considerados como colectivos diferenciados que requieren de la toma de decisiones para proyectarse como conglomerado político y porque su ejercicio condiciona su propia supervivencia física y cultural, como pueblos diferenciados del resto de las sociedades, explicó.

En su turno, el recién nombrado representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, señaló que los Estados de América Latina han ratificado muchos tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, pero “hay una brecha enorme en la implementación efectiva. Las personas sólo sienten el impacto de una norma si ésta se aplica, no si sólo existe”.