Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió su primera Recomendación del año al Instituto de Vivienda (Invi) y Servicios Metropolitanos (Servimet) para que garanticen el derecho a la vivienda de 91 víctimas directas, quienes habitan en la Unidad Habitacional Cuchilla del Moral 1, ubicada en Iztapalapa.

A casi 35 años de construirse sus 240 departamentos, sus poseedores no sólo carecen de escrituras, sino que no son dueños del terreno y deben más de 600 mil pesos por gastos de administración a Banamex, por lo que enfrentan el riesgo de ser despojados, defraudados o invadidos, ante la falta de certeza jurídica sobre su patrimonio.

Los ex trabajadores de Ruta 100, del periódico Excélsior o del entonces Departamento del Distrito Federal señalaron que pese a pagar créditos de 10 o 20 años al Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu) para contar con su departamento, “no tenemos un papelito que avale su propiedad, por la burocracia de las autoridades”.

Con la entrega de la Recomendación 01/2020 al Invi y Servimet, sus autoridades tienen un plazo máximo legal de 15 días para aceptar o no dicho instrumento y realizar las gestiones necesarias para atender los pendientes administrativos con la institución fiduciaria, anunció la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández.

Además de lograr la transmisión del predio a su favor, la división del pozo Agrícola Oriental 7, a fin de obtener un nuevo avalúo de la superficie y de la subdivisión para que se asiente en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; y se implemente un mecanismo expedito para la escrituración del predio.

Se trata, dijo, de evitar que el número de personas que no accedieron a la seguridad jurídica y transmitirla en más de tres décadas, que suman 23, se incremente por el simple paso del tiempo, o sean despojados o invadido su patrimonio, como se tiene conocimiento, por parte de las 91 víctimas directas consideradas en este instrumento recomendatorio.

Los habitantes de la Unidad, que se construyó en 1985, explicaron que dos años después, el entonces DDF consideró que no tomó en cuenta el pago de terrenos, por lo que corrían rumores de que era propiedad de un ejidatario o de la empresa Elektra, pero con la creación en 1998 del Invi, pensaron que “las cosas se arreglarían”.

Servimet, sin embargo, informó que no encontraba el recibo de la compra del terreno y con la extinción, en 2003, del Fividesu, las cosas se complicaron, bajo el argumento de que “muchos de los expedientes se perdieron en el sismo, por lo que decidí apoyar y logré reunir 60”, comentó Jesús Castelán.

Los años siguientes, comentaron habitantes, hubo mesas de trabajo, donde conocieron que se debe el terreno y hay una deuda con Banamex, que lleva administración y hasta el año pasado eran 600 mil pesos de administración de cuenta, cuando “nadie nos pidió autorización, aviso por escrito o pidió nuestra aprobación”.

Zamir Andrés Fajardo Morales, tercer visitador de la CDHCM, recordó que en 2004, el entonces director del Invi informó que había localizado los 240 expedientes individuales y llevaría a cabo las acciones inconclusas, lo cual no sucedió, y en 2019, les informaban que el problema radicaba en que el predio era de Servimet y el costo de suelo no estaba incluido.

Ante ello, acudieron 91 víctimas directas a la CDHCM para contar con seguridad jurídica de la vivienda que ya pagaron, pues el Invi les ha fallado en garantizárselas, colocándolos en una situación de vulnerabilidad, cuando el 73 por ciento de ellas son personas mayores y un 55 por ciento son mujeres.

El riesgo de un despojo, defraudación e intromisiones de terceros es latente, porque se ha registrado ya en algunos departamentos, pues no pueden vivir en condiciones de paz y seguridad, al carecer de una escritura para gravar, vender o heredad; o acceder a créditos para mejoramiento.

Además de que están más expuestos a una mayor carga probatoria ante fenómenos naturales como sismos o daños de propiedad, y no pueden erigirse en régimen condominal, lo cual tiene un impacto directo en sus familias, por la falta de eficacia de las autoridades, que a casi 35 años no han garantizado la seguridad jurídica de esas viviendas.

Para Mario Alonso Gómez, José Magdaleno, María Luisa Galeana y Guadalupe Reyna, la falta de un documento significará “dejarles a mis hijos puras broncas o no dejarles nada, cuando lo que quiero es que no tengan dificultades cuando me entierren, porque ya se siento cansado o vencido”.