Ciudad de México. A un año de su desaparición y posterior asesinato por asfixia, el caso del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón, dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM), en Guerrero, es uno de tantos ejemplos de los riesgos que enfrentan los activistas, de la falta de protección de las autoridades y hasta de su presunta complicidad con esos crímenes.

Así lo señalaron especialistas durante un foro virtual para recordar al activista convocado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, recordó que México es uno de los países de mayor peligro para defensores y periodistas. Dijo que registros del propio Mecanismo de Protección a esos gremios, dependiente de la Secretaría de Gobernación, indican que en 2019 se presentaron 295 agresiones en su contra.

Los principales actos fueron acoso, agresión sexual o digital, desprestigio, amenazas, allanamientos, ataques armados y virtuales, entre otros. En no pocas ocasiones, señaló, las autoridades son partícipes o cómplices de éstos. “En el caso de Arnulfo vimos que antes de su desaparición existió un contexto de desprestigio en su contra, acompañado y fortalecido por autoridades municipales”.

Por ello, censuró que dentro de la extinción de 109 fideicomisos, esté el del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas.

Ricardo Neves, oficial de derechos humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), recordó que el FPM y Tlachinollan representan “un faro” para la lucha por justicia de los pueblos indígenas en la montaña de Guerrero.

Planteó que la violencia contra activistas y comunicadores en el país es el síntoma de la falta de un ambiente seguro y propicio para que realicen su labor con tranquilidad, y la impunidad “es el principal combustible” para que ésta se siga dando.

Recordó que el año pasado la ONU-DH presentó un diagnóstico del Mecanismo de Protección en el que identificó que en 55 por ciento de los casos de agresiones contra defensores y periodistas los perpetradores eran servidores públicos.

En ese documento se hicieron más de 104 recomendaciones para que el Estado cuente con una política pública integral de protección a esos gremios, con la cual se cumplan las responsabilidades internacionales de México en la materia y que se debe orientar a cuatro obligaciones: la de prevenir, la de respetar la labor (no censurar, agredir, difamar o atacar), la de investigar agresiones y crímenes en su contra, y la de protegerlos.

En la mesa, que fue coordinada por Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan, también participó el periodista Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero, quien dijo que en lo que va de 2020 se han suscitado al menos cinco agresiones contra periodistas en esa entidad; y 30 agresiones directas o indirectas en los últimos cuatro años.