Ciudad de México. Las detenciones de la niñez migrante por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) siguen siendo una constante pese a la emergencia sanitaria y las medidas de sana distancia e higiene implementadas por el gobierno mexicano para combatir la pandemia y a la orden de un juez federal para evitar las aprehensiones de menores en estaciones migratorias.

La Coalición Internacional contra la Detención y el Instituto para las Mujeres en la Migración indicaron que de acuerdo con cifras oficiales, entre enero y agosto de 2020, a pesar del Covid-19, fueron detenidos en estaciones migratorias 7 mil 442 menores en tránsito por México, 37 por ciento niñas y 63 por ciento varones.

En 2019, agregaron, se dio la cifra más alta con más de 50 mil casos, la mayoría de estas niñas, niños y adolescentes, provenientes de Honduras y Guatemala. “Esta cifra no tiene precedentes en los 17 años que la Secretaría de Gobernación publica sus estadísticas sobre detenciones migratorias. En comparación con 2018, éstas incrementaron 82 por ciento”.

Por ello, ambas organizaciones reconocieron “el avance legislativo” para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia migrante al armonizar las leyes de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobado por el Congreso de la Unión el pasado 29 de septiembre.

Estas reformas prohíben la detención de niñas, niños y adolescentes por razones migratorias y otorgan la responsabilidad de garantizar el bienestar de esta población al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, quitándole esa competencia al INM y reconociendo los derechos de ese sector por encima de su condición migratoria.

“La protección de la niñez y la adolescencia migrante es una obligación de los Estados. La detención de la niñez migrante tiene repercusiones en su desarrollo psicoemocional a corto, mediano y largo plazo. Las alternativas a ésta basadas en la comunidad permiten que los menores migrantes cuenten con opciones diferentes que garanticen su interés superior de acuerdo a sus necesidades específicas”, señalaron las organizaciones al pronunciarse sobre los cambios legislativos.

Enfatizaron que actualmente existen políticas públicas para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desde antes de su llegada al país y durante su estancia en México.

Como ejemplo es que en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se creó la Comisión de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, órgano que dicta la política nacional de protección para ese sector, y a su vez la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración la cual implementa protocolos, procedimientos e instrumentos para atender las necesidades específicas de cada uno de ellos.

“Hoy, se requiere el compromiso de autoridades federales, locales y municipales para implementar en todo el país esa Ruta de Protección Integral que garantice el interés superior de la niñez y adolescencia migrante; la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de las reformas legislativas recientes, así como la asignación de un presupuesto, federal y estatales, suficiente para el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Centros de Asistencia Social, públicos y privados”, subrayaron.

Añadieron que la migración, sin importar las formas de desplazamiento o las razones, tiene de fondo la necesidad de un cambio estructural y no acciones de disuasión.

“Sin importar los riesgos o las políticas migratorias restrictivas de los países, las personas seguirán huyendo de las pandillas, los cárteles, la violencia de género, la pobreza, y las amenazas contra su vida y las de sus familias. En el contexto actual de la pandemia, seguir con una política de criminalización de la migración incrementa los riesgos de la niñez y adolescencia de seguir siendo detenida en estaciones migratorias y a su vez en riesgo de contraer coronavirus pues las reformas recientes aún no entran en vigor”.