San Cristóbal de Las Casas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dijo que “la persistente omisión y complicidad” de los gobiernos estatal y federal han provocado “el escalamiento de la violencia” en Aldama y el ejido Santa Martha, municipio de Chenalhó, que desde hace 45 años se disputan 60 hectáreas.
El secretario de gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, sostuvo que los gobiernos federal y estatal “están haciendo lo posible por apoyar a Aldama y Chenalhó, pero hace falta el compromiso serio para seguir cumpliendo con el Pacto de No Agresión”, firmado a finales de julio de este año, al tiempo que hizo un “llamado enérgico” a sus respectivos alcaldes, Adolfo López Gómez y Abraham Cruz Gómez, “a mantener la paz y no ser complacientes con quienes quieren a toda costa seguir generando violencia en la región”.
Luego de que las autoridades de Aldama informaran que pobladores de Santa Martha hirieron de bala este domingo al indígena, Hugo Alfredo Pérez Hernández, de la comunidad de Tabak, el Frayba manifestó que durante todo el sábado 10 y este domingo 11 de octubre, se han registrado “al menos 39 agresiones armadas en contra de las comunidades de Koko’, Stselejpotobtik, Juxton, Ch’ivit, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Yeton, Xuxch'en, Ch'ayomte' y Cabecera, de Aldama, desde 27 puntos de Chenalhó”.
“Con Hugo Alfredo Pérez Hernández suman 29 personas heridas, además de seis asesinadas, durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades de Aldama, procedentes de grupos civiles armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, desde marzo de 2018”. comentó.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, exigió al Estado mexicano que “proporcione el acceso a una atención médica integral a Hugo Alfredo Pérez Hernández y Artemio Pérez Pérez (herido en días pasados), y que dé seguimiento en salud a las demás personas heridas durante ataques a comunidades de Aldama”.
También le demandó que “garantice de manera inmediata los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias de Aldama”; que “investigue de manera pronta y adecuada y sancione, desarme y desarticule a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas”.
De igual forma, que “investigue y sancione a las autoridades responsables de la impunidad de estos hechos, así como a los autores intelectuales del escenario de una violencia de gran envergadura que puede suceder una masacre como la de Acteal (en esa comunidad fueron masacrados 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997) y por consiguiente de hecho de difícil o imposible reparación”.
Brito Mazariegos, quien este domingo se reunió con autoridades de los dos municipios, señaló por su parte que, “como autoridades municipales”, los dos alcaldes “también son responsables de todos los hechos violentos que suceden en sus comunidades, y por lo tanto tienen la obligación de generar las condiciones de seguridad a sus habitantes”, por lo que les pidió que “se reúnan con sus autoridades comunales y se señale a los agresores para levantar las denuncias correspondientes”.
Ante la presencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, expresó que en el tema agrario “se ha ido avanzando en las propuestas que puedan lograr la solución de fondo”, al tiempo de asegurar que la atención ha permanecido para ambos municipios.
Zepeda a su vez, pidió que se generen las condiciones de seguridad para la fuerza policiaca que ahí se concentra, puesto que el único fin es dar acompañamiento a la población en general.
En tanto, fuentes oficiales informaron que los policías estatales que permanecían en Santa Martha fueron retirados temporalmente, luego de que el sábado fuera herido de bala el agente, Jairo Josué López Camacho.
Dijeron que los uniformados podrían regresar en los próximos días, después de que los dos alcaldes dialoguen con las autoridades de sus respectivas comunidades. FIN DE NOTA
