Chilpancingo, Gro. Cientos de personas marcharon en la ciudad de Tlapa de Comonfort, en la Montaña Alta de Guerrero, al cumplirse un año de la desaparición, y posterior asesinato por asfixia, de Arnulfo Cerón Soriano, defensor de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, además de dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM).

En la marcha participaron unas 500 personas provenientes de distintas comunidades, así como miembros del FPM, que fundó Arnulfo Cerón, junto con otros dirigentes populares.

Después de recorrer las principales calles de Tlapa, se llevó a cabo un mitin, en donde Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, habló de la tragedia que precedió a la lucha de Cerón Soriano en defensa de los derechos humanos, y recordó que “ su papá Agripino Cerón, y su hermano Gonzalo Cerón, fueron asesinados en el municipio de Cualác en 1985, cuando fueron a comprar marranos, porque ellos se dedicaban al comercio”.

Desde ese momento, siendo Arnulfo un niño, comenzó a vivir situaciones complicadas “entonces vivían en el poblado de Zacualpan, municipio Tlapa, en donde Arnulfo asistió a la primaria a escuelas de los municipios de Olinalá, y de Cualác”. 

Posteriormente, y con la finalidad de buscar mejores condiciones de vida,  se trasladaron al poblado de Coayahualco, municipio de Huamuxtitlán “y ahí tenía que cruzar un río para ir a la secundaria, y luego al bachillerato, porque no había puente; eso sucedió antes de que mataran a su papá y a su hermano, que se dedicarían en este lugar a la siembra de arroz, y maíz; Arnulfo tenía 18 años y lo contrataban en los cultivos de arroz porque era muy bueno”. 

Finalmente Arnulfo y su familia “llegaron a Tlapa, y de ahí el compañero se fue a estudiar a la Escuela de Derecho, de la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde se recibió de abogado”. 

En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaqchinollan, mediante un comunicado de prensa recordó que “la noche del 11 de octubre del año pasado, el defensor indígena salió de su casa rumbo a una reunión y ya no regresó. Las primeras investigaciones concluían que alguien conocido lo citó a la orilla de Tlapa”.  

Tlachinollan acusó a la delincuencia organizada en connivencia con autoridades municipales de su desaparición “Arnulfo fue llevado a una casa de seguridad. Allí lo interrogaron y lo torturaron asfixiándolo hasta la muerte. Los perpetradores le espetaban su constante activismo como marchas y bloqueos contra el Ayuntamiento de Tlapa y su renuencia a abandonar el movimiento pese a haber sido advertido de las consecuencias que ello traería”.

Los testigos señalaron “que el defensor le pidió al perpetrador que lo interrogaba darle otra oportunidad, pero este le respondió que ya era tarde, que eso lo hubiese pensado antes. Tras ser asesinado metieron su cuerpo en la cajuela de un coche, el cual pasó por la ciudad con toda impunidad, incluso con el auxilio de policías municipales y tránsito, y fue llevado a la orilla de la ciudad donde una máquina retroexcavadora ya había cavado una fosa de tres metros de profundidad”.

Allí fue tirado el defensor. El objetivo era que nunca lo encontraran”.

La Comisión Nacional de Búsqueda, con la Fiscalía General del Estado emprendieron varios operativos de búsqueda y el 20 de noviembre de ese año fue localizado el defensor, en el punto conocido como los tres postes en la carretera Tlapa – Metlatónoc, tramo Igualita, enterrado a tres metros de profundidad “a la fecha varios autores materiales y algunos intelectuales están procesados por el artero crimen”. 

El atentado contra el defensor, agregó la ONG, “develó la corrupción de las autoridades de seguridad en el municipio. Evidenció la impunidad con la que la delincuencia organizada secuestraba, mataba y desaparecía a las personas. Políticos, comerciantes y transportistas eran parte del crimen”. 

A la fecha se tienen registradas más de 50 casos de desaparecidas y desaparecidos “aunque el caso de Arnulfo presenta algunos avances en el proceso, falta que los culpables materiales e intelectuales sean sentenciados, se repare el daño y se implementen medidas de no repetición. El reto de las autoridades estatales y federal será desplegar medidas para que hechos como estos no se vuelvan a repetir”.

Aunque la clase política y los grupos de poder local lo nieguen “fue el caso de Arnulfo el que propició condiciones de tranquilidad en Tlapa y la Montaña. Antes de este hecho las familias no podían salir a altas horas de la noche. Había un vacío de poder que era ocupado por estos grupos que eran los que en realidad ejercía la autoridad e imponían la fuerza en este lugar”. 

Exigimos que el asesinato de Arnulfo no quede en la impunidad “ que los responsables materiales e intelectuales sean sancionados con todo el peso de la Ley, se repare el daño y se implemente medidas de no repetición, pero sobre todo se generen las condiciones para que las defensoras y defensores de derechos humanos tengan garantías para realizar su labor”, concluye el comunicado.