Ciudad de México. La secretaría de Gobernación (SG) “hará, en su caso, todo lo necesario” para cumplir con estipulado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en el caso Brenda Quevedo, detenida hace 11 años.

Esa instancia pidió al gobierno mexicano liberar en un plazo no mayor a seis meses - contados a partir del 28 de septiembre- a Quevedo involucrada en el caso de Hugo Alberto Wallace Miranda.

El grupo de las Naciones es Unidad advirtió que la imputada fue detenida de manera arbitraria y torturada; asimismo, recibió tratos crueles, inhumanos y degradantes desde su detención.

Quevedo sigue en espera de sentencia a pesar de tener 11 años en la cárcel.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, respondió que “hará, en su caso, todo lo necesario para que la Opinión 45/2020 relativa a Brenda Q. (México), que recientemente adoptó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, se cumpla en los términos y conforme a las leyes del Estado mexicano”.

Esta dependencia dijo que “llevará a cabo esta labor a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y de las áreas de la dependencia involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos, en coordinación con las demás instituciones del Estado mexicano que intervienen en el proceso”.

El Gobierno de México - añadió- en cumplimiento a sus obligaciones internacionales está comprometido en todos sus niveles a realizar las acciones que resulten necesarias para prevenir, erradicar y sancionar actos de tortura y detenciones arbitrarias o cualquier otro acto que menoscabe los derechos fundamentales de las personas.

“En ese sentido y atendiendo a lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, se analizará el caso de la C. Brenda Q., de conformidad con los estándares nacionales e internacionales en la materia”, indicó.

La prioridad, señaló, es la defensa de los derechos humanos y su labor está enfocada a caminar hacia una justicia transicional con los cuatro elementos que ésta contempla y que son primordiales para la población: acceso tanto a la verdad como a justicia formal por parte de las posibles víctimas; reparación integral para éstas e implementación de mecanismos de no repetición.