Madrid. El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, declaró el “estado de alarma” en la ciudad de Madrid y en otros ocho municipios de la comunidad autónoma, que quedarán a partir de ayer con una serie de restricciones de movilidad y operación de negocios que afecta a más de dos millones de habitantes. Es una medida excepcional que mantiene enfrentados al gobierno federal y al autonómico de Madrid, integrado por una coalición de derechas del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C´s), con el apoyo parlamentario de la extrema derecha de Vox. El enfrentamiento político provoca confusión generalizada y un profundo malestar en una gran parte de la población que ve cómo las reglas de confinamiento cambian de un día para otro.

El “estado de alarma” en Madrid se declaró en un Consejo de Ministros extraordinario y que se precipitó por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que resolvió que las medidas aprobadas por el gobierno español eran ilegales porque no tenía amparo legal. El gobierno español decidió romper el diálogo con la comunidad autónoma y decretar el “estado de alarma”, lo que supone en la práctica dejar sin atribuciones al gobierno regional y que todas las medidas restrictivas las asume como propias el gobierno central.

La entrada en vigor de las medidas aprobadas por el gobierno de Sánchez se hizo oficial más de cuatro horas después de que fueran anunciadas desde la rueda de prensa celebrada en La Moncloa, lo que permitió que miles de personas decidieran aprovechar ese limbo legal, para salir de la región con sus vehículos, en avión o en tren. Incluso a pesar de los dispositivos policiales que se activaron incluso antes de que fuera oficial la declaración del “estado de alarma”.

Las restricciones se aplican en Madrid y las ciudades de Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. A partir de ahora cualquier familia o ciudadano de estas ciudades que quiera abandonar la región tendrá que justificarlo, lo que sólo se podrá hacer por un motivo laboral convincente o por una razón familiar de peso, como ir a visitar a un familiar mayor de edad o una visita de carácter médico o luctuoso.

El gobierno español aprobó la medida a través de un decreto en el Consejo de Ministros, lo que sólo le daría un margen de 15 días para mantener el control de la región, después tendría que solicitar un permiso al Parlamento para que la autorizara una prórroga de 15 días más. Para esto, requiere reunir los apoyos necesarios en el Parlamento español, que dependerían de la evolución delos contagios en el país, sobre todo porque lo que los expertos ya denominan “la segunda ola” de la pandemia se está extendiendo en todo el país, si bien en Madrid se registran los índices más altos por la densidad poblacional.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó que “la paciencia tiene un límite y si la Comunidad de Madrid no hace nada, nosotros tenemos la obligación de defender la salud pública”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, del PP, reclamó más tiempo a Sánchez, pero éste le contestó que ya había tenido tiempo suficiente.

La ciudadanía todavía no tiene claro ni el detalle de las limitaciones cotidianas ni las sanciones a las que se enfrenta en caso de vulnerarlas. En cualquier caso, desde el gobierno de Madrid defendieron su plan gradual de confinamiento y advirtieron que “defenderemos cada día que se levante el estado de alarma, porque es una medida unilateral y una cacicada”. La tensión es máxima y de hecho ya se están convocando protestas para denunciar la situación generada.