San Salvador. El Ministerio Público salvadoreño inició este jueves el proceso de embargo de ocho propiedades y cuentas bancarias al general en retiro David Munguía Payés valoradas en 1.4 millones de dólares que adquirió producto de actividades ilícitas cuando ejerció funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante el periodo de junio de 2009 a mayo de 2019.

Con órdenes de un Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, la Fiscalía General incautó las ocho propiedades y se congelaron cuentas bancarias que estaban a nombre del militar.

La Fiscalía informó que las investigaciones establecen que Munguía Payés, obtuvo los bienes producto de actividades ilícitas y de manera injustificada cuando ejerció los dos cargos durante los gobiernos de los expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMN).

Las propiedades inmovilizadas pasan a ser administradas por el Consejo de Administración de Bienes mientras la Fiscalía inicia el proceso para transferirlos al Estado.

El general Munguía Payés enfrenta dos procesos penales en libertad por su participación en la tregua con las pandillas y una supuesta estafa al Estado en un negocio de armas con el Ministerio de Defensa.

En julio, un juzgado ordenó arresto domiciliario para Munguía Payés mientras es procesado por su participación en la tregua entre las pandillas con las que el gobierno del expresidente Funes buscó disminuir el índice de homicidios en el país.

Funes, que también está siendo procesado en este caso, se encuentra en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibió asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido la orden de que fuese capturado.

La Fiscalía asegura que Munguía Payes fue quien montó y estructuró la tregua de las pandillas y que el expresidente Funes se enteró de que en ese proceso hubo violación a las leyes, pero no hizo nada para detenerlo, y que por lo contrario lo avaló.

El militar también es procesado junto a exministro de Defensa el general José Atilio Benítez, junto a un coronel y Gustavo López Davidson, expresidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y varios civiles, por una supuesta estafa al Estado en un negocio de armas con las fuerza armada.