Bogotá. Un fiscal encargado del caso pidió este jueves en Bogotá la libertad del ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien se encuentra bajo arresto domiciliario y es investigado por presuntamente sobornar testigos en una disputa legal con el senador Iván Cepeda.

La petición se dio durante una audiencia ante una jueza de garantías, quien debe decidir si el exmandatario puede quedar en libertad mientras se defiende en el proceso judicial en su contra. “Mi peticion del día de hoy no es ninguna antesala de etapas procesales por venir. No habrá impunidad, habrá justicia,” dijo el fiscal Gabriel Ramón Jaimes.

La Corte Suprema de Justicia, encargada de juzgar a los congresistas, ordenó la detención preventiva del expresidente el pasado 4 de agosto, pues consideró que habían posibles riesgos de que obstruyera la justicia. Uribe había sido elegido como senador en 2014.

La decisión del alto tribunal quedó en un limbo jurídico cuando el exmandatario renunció a su curul en el Senado dos semanas después de su arresto, lo cual ocasionó un cambio de investigador, pues al dejar su fuero de congresista la corte perdió la potestad sobre su caso. La Fiscalía General de la Nación es ahora el órgano que lo investiga.

El cambio de investigador generó la duda de si Uribe debía ser investigado por la justicia penal ordinaria o por el sistema judicial que utiliza el alto tribunal para juzgar a congresistas. Fue esa misma corte la que decidió el 5 de octubre que Uribe debía ser investigado bajo la justicia penal ordinaria, dándole así potestad a la juez de garantías, Clara Jimena Salcedo, para decidir si el expresidente tiene el derecho de defenderse en libertad.

El caso del exmandatario ha alimentado las divisiones políticas en la nación sudamericana, donde sigue siendo una figura influyente. Su legado político ha sido polémico, especialmente después de liderar la oposición al acuerdo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos firmó con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Uribe y sus seguidores critican el acuerdo por darle a los exguerrilleros diez escaños en el Congreso y poca o ninguna pena de cárcel a cambio de decir la verdad.

Muchos colombianos ven a Uribe como un salvador que debilitó a los rebeldes izquierdistas como las FARC, mientras que sus detractores resaltan que durante su gobierno se llevaron a cabo algunos de los abusos de derechos humanos más graves en la historia del país. Algunos también lo acusan de tener vínculos con grupos paramilitares y carteles de droga.