Ciudad de México. La posibilidad de que se concrete la extinción de 109 fideicomisos ha hecho que en estos días se reúnan afuera de la Cámara de Diputados grupos de los más diversos signos e intereses, para exigir –cada uno con sus argumentos—que el gobierno no desaparezca dichos fondos. 

En casi todas las puertas del recinto hay grupos de manifestantes que las bloquean mientras exponen sus demandas con mantas y pancartas. Algunos de ellos se han quedado desde hace varios días en casas de campaña y otros han bloqueado parcialmente el paso de las calles aledañas, como Emiliano Zapata, Eduardo Molina y Sidar y Rovirosa. 

Este martes, una de las personas que se mantenían en guardia frente al Palacio Legislativo de San Lázaro es la señora Alma Miriam Ruiz, quien vino desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, para advertirle a los diputados que la desaparición de los fideicomisos de apoyo a víctimas pueden hacer que se frenen las diligencias de búsqueda de sus seres queridos. 

Doña Alma es una de las mujeres que llegó desde el jueves de la semana anterior, y aunque ella y otras madres de personas desaparecidas han pasado fríos e incomodidades, y han improvisado sus comidas en una pequeña parrilla, decidieron quedarse a hacer presión para evitar lo que consideran un “abuso”. 

La posible extinción “la están haciendo (los diputados) porque no están en nuestros zapatos, no están viviendo lo que uno vive día a día. A ellos se les hace fácil autorizar cosas que nos perjudicarían. Sí saben lo que hacen, pero no les interesa lo que sufrimos las víctimas”, reprocha la mujer, quien busca a su hija Dilia Antonia Ruiz, desaparecida desde 2010 en San Fernando, Tamaulipas. 

Unos metros más adelante, hay un grupo de hombres y mujeres de avanzada edad que reclaman –como lo han hecho desde hace más de 70 años—que les paguen el dinero que ellos o sus familiares se ganaron en Estados Unidos trabajando como braceros. Son, en total, más de 5 billones de pesos que no tienen para cuándo entregarse a sus dueños. 

Efraín Arteaga Domínguez, integrante del Movimiento Unificado de Ex Braceros, explicó que ante el fracaso de las gestiones directas ante el gobierno del país, le pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en sus audiencias de diciembre llame a la realización de una mesa de diálogo en la cual las autoridades y los trabajadores lleguen a un acuerdo. 

“Pedimos que salden su deuda, con un monto construido de común acuerdo, que quede en una cantidad aceptable para ex braceros y manejable para el gobierno, pero la propuesta de abrogar la ley de fideicomiso 10230 (relacionado con el pago a este grupo de personas), significa una traición”, dijo. 

 “Sólo le pedimos a Andrés Manuel López Obrador que cumpla su palabra, porque él dijo en 2018 que iba a resolver este asunto en definitiva. Si desaparecen el fideicomiso, nos quedaríamos en la nada jurídica. Nosotros hemos sido leales al Presidente y ahora nos dan esta puñalada por la espalda”, lamentó Arteaga.  

Por su parte, Edgar Ramírez, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que la eventual eliminación de los dos fideicomisos de dicho instituto afectarían gravemente no sólo las becas que reciben más de 300 estudiantes de otras entidades que vienen a estudiar a la capital, sino también la realización de investigaciones de largo aliento que requieren varios años para terminarse. 

“Hemos pugnado por mucho tiempo años por la creación de políticas públicas en México, no por políticas de gobierno que decide un grupo pequeño de personas, sin considerar al resto de la sociedad. Las políticas públicas son importantes porque definen quién obtiene qué del Estado mexicano y nosotros queremos que todas esas voces sean escuchadas”.  

El académico recalcó que en los fideicomisos del CIDE “hay recursos propios, generados para apoyar más becas y más investigación, y que no son opacos de ninguna forma: son recursos auditados con frecuencia y vigilados por un comité técnico que vigila que los fondos sean usados para esos efectos”, aseveró. 

No menos apesadumbrados se ven los atletas paralímpicos Rubén Rojas Palacios y José Manuel Ríos Casas, ganadores de medallas en competencias internacionales, quienes afirmaron que, si hay corrupción en los fideicomisos del deporte, se debe castigar, pero sin eliminar totalmente esos fondos. 

“En el Fodepar (Fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento) hay dinero no sólo para medallistas, sino para personas de toda la República, y si lo quitan, se va a dar al traste con el deporte en México. Se han dado muchos logros, se ha puesto el nombre de México en alto, para que ahorita --de un de repente-- la gente que lo quiere hacer ya no tenga más recursos”, dijo Rojas, medallista paralímpico en atletismo y basquetbol en 1980 y 1981. 

Ríos –quien ganó preseas en los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988, además de haber conquistado carreras y medio maratones en varios países— deploró que al eliminar el Fodepar, las posibilidades de muchos atletas mexicanos se vean frustradas por falta de recursos, equipamiento y asesoría. 

“Ganar una medalla paralímpica es el esfuerzo de toda una vida, y no es posible que haya tanta inconsciencia e insensibilidad en los diputados y no sé si en el propio Presidente. (La posible eliminación de este fideicomiso) sería un golpe terrible para todo el deporte de México”, sentenció.