“Hasta el momento ningún autor material ni intelectual de las desapariciones forzadas relacionadas con los 39 casos presentados ante el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, ha sido detenido ni sancionado”, afirmó Jérémy Renaux, Subdirector de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organización que ha acompañado a los familiares de las víctimas de estos crímenes en Nayarit. 

Añadió que desde hace tres años han documentado cerca de cien casos de desapariciones forzadas ocurridas en ese estado, algunos registrados desde el año 2012 y el más reciente apenas en mayo pasado.

En todos estos hechos, sostuvo Renaux, las declaraciones de testigos y familiares apuntan a agentes de corporaciones policiacas estatales: “Los presuntos responsables de las desapariciones forzadas son agentes del Estado, integrantes de la Fiscalía General de Nayarit o policías estatales, que en su momento dependían de la fiscalía”. 

Explicó que esta situación de violencia comenzó desde que Édgar Veytia ocupaba la fiscalía estatal y comenzó a tomar el control del narcotráfico en la entidad, en colaboración con la rama del Cártel de los Beltrán Leyva, que comandaba Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2.

Cuando éste fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina, en febrero de 2017, Veytia se alió con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta que fue detenido en San Diego, California, y sentenciado por la justicia estadunidense a 20 años de prisión, por cargos de narcotráfico.

El subdirector de Idheas, señala sin embargo que la estructura criminal incrustada en la fiscalía nayarita no terminó con la captura de Veytia, pues sus subalternos continuaron con sus actividades delictivas: “extorsiones, despojo de propiedades, de inmuebles, desapariciones forzadas, pero hasta ahora solo Veytia ha sido sentenciado y fue en EU, pero en México no hay ningún tipo de justicia para las víctimas.”

Sobre las aprehensiones anunciadas por la fiscalía estatal y la Guardia Nacional, que se aseguró respondían a los casos señalados por las Naciones Unidas, Renaux sostuvo que no están relacionadas con los que ellos han denunciado.

Explicó que en agosto pasado se hizo el pronunciamiento del Comité de Desapariciones Forzadas, y que el plazo para que el gobierno de México y el de Nayarit respondieran se agotó el 7 de septiembre pasado, por lo que seguramente se pidió una prórroga.

“A tres años de la ola de desapariciones forzadas en el estado, incluso en casos más antiguos, del 2012, no hay ningún avance en términos de investigación, y los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas, cuyos nombres se conocen desde hace mucho tiempo y los tiene a disposición la fiscalía estatal, no se han investigado, no se ha solicitado una orden de aprehensión al juez y mucho menos detenido a esos responsables”, señaló Renaux.