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Otorgan suspensión definitiva a ex subsecretario de Sedatu

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En esta imagen de archivo, Enrique González Tiburcio, junto a las ex titulares de Sedatu y Conavi, Rosario Robles y Paloma Silva de Anzorena. Foto Cuartoscuro
05 de octubre de 2020 17:49

Ciudad de México. El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó una suspensión definitiva a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), contra la resolución de un juez de control, quien le negó cancelar el proceso en su contra por una presunta falsedad en declaración relacionada con el desvió de 185 millones pesos a una universidad pública por contratos no realizados, caso conocido como la Estafa Maestra.

La medida cautelar es para efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente se encuentran y no se cierre la etapa de la audiencia intermedia hasta que concluya, y no se dicte auto de apertura del juicio oral en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo.

El pasado 31 de agosto el juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, José Antonio Artemio Zúñiga, en una audiencia resolvió que si bien la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó la acusación en los 15 días que establece la ley, esta considera otros 15 para realizarlo. El fallo implica que ya no ser realice la audiencia intermedia que el ex funcionario tenía en septiembre pasado.

Por este asunto, los abogados de González Tiburcio solicitaron al juez de control el sobreseimiento del caso, alegando que la acusación en contra de su cliente fue extemporánea.

El año pasado, el ex subsecretario de la Sedatu fue vinculado a proceso por presunta falsedad en declaración, por ello un juez de control con sede en el reclusorio norte determinó que existían pruebas suficientes para considerar que la firma inscrita en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), causó un posible quebranto a la hacienda pública.

Sin embargo el ex subsecretario de Ordenamiento Territorial, desde un principio desconoció esa firma plasmada en el documento suscrito el 2 de febrero de 2016.

En ese entonces la fiscalía sostuvo que sí es su firma, de acuerdo con un peritaje en grafoscopía que la propia dependencia elaboró en su momento y que confirmó que la firma coincide con la del convenio.

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