Ciudad de México. El cierre del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 "Occidente", mejor conocido como Puente Grande, significará un ahorro de 800 millones de pesos para el gobierno federal, principalmente por los pagos que dejará de hacer la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc) a empresas privadas que se encargaban del abasto, mantenimiento y administración del inmueble.
Según el último reporte mensual del del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), actualmente existen dos penales federales que están completamente desocupados, se trata de los Ceferesos número 3, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, y el 10, en Monclova, Coahuila; que en conjunto tienen espacio para mil 600 reos.
El exceso de espacios se debe a que, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando el hoy preso Genaro García Luna ocupaba la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, se construyeron ocho nuevos penales federales, bajo un esquema de participación con empresas privadas, a las cuales se les pagarían 230 millones de pesos al mes.
Estos contratos han generado ya una deuda para el gobierno federal de más de 160 mil millones de pesos, la cual fue negociada para pagarse en los próximos 22 años.
El titular de la Sspc, Alfonso Durazo Montaño, al participar en un foro de seguridad realizado la semana pasada, afirmó que se construyeron cárceles sin una verdadera planeación sobre el crecimiento de la población privada de su libertad y sin pensar en lo que esto costaría: “Hay penales que están desocupados al 100 por cientos, pagamos el 100 por ciento mensual de su costo, entonces mandamos a los reos a estos penales y los dispersaremos sobre distintas valoraciones en otros lugares de la república”.
Para solucionar esta situación, se están cerrando los penales que ocupan espacios necesarios para otros fines, o bien representan riesgos de seguridad. Así, durante lo que va de esta administración han dejado de operar las cárceles federales de Isla Mujeres y Puente Grande, y el estatal de Topo Chico, en Nuevo León.
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