Con la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral –uno de los fideicomisos que se pretenden extinguir— el Estado mexicano dejaría en el desamparo a miles de víctimas de la violencia y violaciones  a sus garantías en este país. 

Así lo señaló el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que exigió a los diputados federales desechar el proyecto de desaparecer este Fondo, que está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y con el que se cubren reparaciones del daño, atención especializada en medicina y psicología, cobertura para traslados de ciudades en caso de amenazas, apoyos para que las familias sigan los procesos de investigación, acceso a la justicia y en el caso de desapariciones, las búsquedas en campo, entre otras. 

“Es inaceptable que en un país donde existen más de 74 mil personas desaparecidas, según datos oficiales, el Estado mexicano intente dejar en desamparo y sin certezas firmes sobre recursos para su debida atención, a miles de víctimas ante el flagelo de la violencia y las desapariciones que recorre todo el territorio mexicano”, señalaron integrantes del MNDM. 

Subrayaron que el Fondo está contemplado en de la Ley General de Víctimas, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación irrenunciable de hacer todo a su alcance para garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos de todas las víctimas de los diferentes delitos y violaciones a derechos humanos. 

“Entendemos que hay fideicomisos que el gobierno federal y los diputados consideran que son un gasto superfluo y honeroso, pero pedimos que hagan un análisis de ellos, que se acerquen a los beneficiarios. En el caso del Fondo, los recursos no se los dan a una organización, sino directamente a las personas acreditadas en el Registro Nacional de Víctimas, si no estás en ese Registro, no tienes acceso al Fondo”, enfatizó Grace Fernández, una de las voceras del Movimiento. 

Llamó a los diputados a no eliminar este fideicomiso, evitando en todo momento violentar el principio de progresividad en materia de derechos de todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en el país, establecido en la Constitución. “sus decisiones sobre este asunto, como legisladoras y legisladores, repercutirán directamente en los derechos y condiciones de vida adecuadas de todas las víctimas y particularmente de las familias de personas desaparecidas”. 

El MNDM recordó que las familias en todo momento realizan labores de búsqueda, participan activamente con propuestas de política pública acordes a la realidad nacional y trabajan arduamente para acceder a la verdad y a la justicia, y los recursos de ese Fondo son necesarios para que mantengan esas actividades. 

“Que los diputados revisen antes de cometer una injusticia mayor. Si bien la mayoría de las desapariciones no se dieron en la actual administración federal, en ésta ya suman 11 mil. Y les toca darnos justicia, atención y reparación. Que revisen lo que cuesta trasladarse de una ciudad a otra para exigir a las autoridades que hagan su trabajo”, apuntó Fernández. 

Recordó que gracias a los esfuerzos colectivos realizados por tantos años por las familias, se ha logrado conquistar derechos hoy establecidos en la ley, como los relacionados con contar con medios suficientes para seguir buscando a sus familiares desaparecidos. 

“La situación compleja que enfrentan las familias de personas desaparecidas, ahora agravada por la pandemia de Covid-19, no es por elección, es producto del abandono y el incremento de la violencia, descuido de los anteriores gobiernos. Pedimos al gobierno en turno a no repetir tales acciones y errores que violentan nuestros derechos”. 

Reclamaron que lejos de desaparecer el Fondo, los recursos para éste se incrementen “y estén disponibles, accesibles y debidamente etiquetados en el presupuesto público, para que los familiares de las víctimas continuemos realizando dichos trabajos, recibiendo los debidos apoyos que son nuestro derecho, y seguir en el camino de enfrentar y erradicar la crisis de derechos humanos que todavía experimentamos en México. 

“Es fundamental no tocar y fortalecer el Fondo ni el presupuesto asignado a la CEAV, siendo conscientes que es igualmente importante la efectiva transparencia y supervisión en las instituciones encargadas de la gestión de dichos fondos públicos destinados para todas las víctimas, con lo cual queremos enfatizar que es obligación del Estado garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, y nuestro derecho a una buena gestión de estos recursos”.

Reconocieron los avances y acciones que se han tenido durante la actual administración federal para enfrentar las desapariciones de personas, sin embargo, acotaron, es contradictoria la propuesta de desaparecer el Fondo.

“Apelamos al Congreso de la Unión a recoger debidamente nuestra exigencia y le invitamos a reconsiderar la intención de eliminar los Fideicomisos en materia de derechos humanos, por el contrario, debemos trabajar en fortalecer con recursos y mecanismos adecuados de rendición de cuentas, tales figuras jurídicas y administrativas contempladas en la ley, todo en beneficio de todas las víctimas”.