Buenos Aires. Google presentó ante la Corte Suprema de Justicia Argentina un recurso de per saltum (que permite saltarse instancias para llegar al máximo tribunal) a fin de impedir que se haga una pericia a sus servidores en el marco de la causa iniciada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, luego que en el buscador del gigante informático aparecía su nombre asociado al calificativo de “ladrona de la patria”.

Basada en otros juicios iniciados a esa empresa y ganados por personas difamadas o con historias falsificadas que afectaban profundamente su dignidad, la ex presidenta (2007-2015) presentó su demanda en la justicia

En un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal hace dos semanas desestimó la apelación presentada por Google. Es la segunda instancia en que que se rechaza la intención de la empresa que quiere impedir el acceso a sus servidores.

En medios judiciales existe sorpresa e indignación porque Google argumenta que el acceso a sus servidores significa una violación al Secreto Comercial lo que fue considerado como “lisa y llanamente inapelable” por el tribunal destacando que en la solicitud de la ex presidenta es “materia de prueba, no de sentencia ni difusión”.

El abogado de la ex mandataria en esta causa, Luis Goldin en una entrevista en C5N de televisión sostuvo que esta acción de Google de solicitar el per saltum es de una “gravedad importantísima (…) afectando la seguridad jurídica de todos los argentinos”, ya que la empresa solicita ser juzgada por una legislación extranjera.

Además este recurso jurídico sólo se utiliza en hechos “de gravedad institucional”, y cuando no ha intervenido aún la Cámara y la intervención de la Corte se hace en función de salvaguardar los derechos del peticionante.

“En este caso la Cámara ya se expidió y fue sumamente clara, y Google repite los argumentos que ya se han desestimado”, agregó.

También los analistas destacan el “oportunismo” de introducir este pedido después que la Corte se pronunció en el caso de tres jueces que habían sido trasladados de los cargos que ocupaban a juzgados federales, durante el pasado gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), sin cumplir con los debidos términos de la justicia y la Constitución, ni ser aprobados por el Senado, sin lo cual es un acto ilegal. Existe otro caso en Argentina, donde la justicia local se impuso al poder de Google.

Esto sucede en momentos que precisamente por considerar la gravedad de la decisión de la Corte Suprema en el caso de los tres jueces, fue presentado un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien también violando todas las normas fue nombrado a “dedo” por Macri, lo que desató un escándalo nacional. Aunque después hubo serias presiones para que llegara a ese cargo con otro magistrado designado también “a dedo”.

En tanto, en un cuidadoso dictamen el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla dio detalles de cómo funcionaba el llamado proyecto AMBA (una red de seis base de inteligencia) en el Conurbano Bonaerense, de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en una causa por tareas de espionaje ilegal en tiempos electorales de medio término en 2017.

Estas “bases “ de inteligencia a la que se agregaron otras tres, estaban supuestamente destinadas a vigilar el narcotráfico y la trata de personas, pero se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político.

Ramos Padilla sostuvo que “a partir del relevamiento de los dos discos rígidos caratulados D1 y D2”, hallados por la interventora de la AFI, Graciela Camaño, se encontró una enorme cantidad de documentos producidos por las seis Bases AMBA”.

El espionaje ilegal contra frentes y movimientos estudiantiles de escuelas secundarias y a organizaciones sociales como Movimiento Evita, Quebracho, Movimiento Popular Antimperialista, Barrios de Pie y otras 23 más a los que se añaden ocho partidos políticos, da cuenta de lo que se había montado violando todas las reglas.

Dirigentes estudiantiles se proponen ser querellantes en esta causa y advierten que este accionar recuerda a la dictadura, que muchos de ellos vivieron, pero cuyas consecuencias conocieron.

Se encontraron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas “Bases AMBA” de la AFI para llevar adelante espionaje político también contra comedores populares y contra religiosos de la opción por los pobres. “Esto es lo que intentan tapar los medios de comunicación del poder hegemónico, que han emprendido una campaña depredadora contra el gobierno, los funcionarios, nuestras autoridades y que también tiene expresiones en el exterior”, señalaron jóvenes dirigentes estudiantiles.