Los recursos que el gobierno mexicano designó para el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica –con el que se pretenden reducir los flujos migratorios desde esa región— estuvieron estancados varios meses debido al Covid-19 y, a penas hace unos días comenzaron a ejecutarse para El Salvador y en breve se hará para Honduras.

Sin embargo, en el caso de Guatemala, informó la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas, hay riesgo de no entregar el apoyo, pues la pandemia impidió la firma del acuerdo correspondiente, y ahora, por la extinción de fideicomisos –entre ellos el Fondo México desde el que se operaban estos recursos— se ha solicitado la devolución del dinero que no se ejerció para ese país.

La funcionaria presentó este domingo en videoconferencia los avances del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala- Honduras-México, a través del cual se destinarían 31 millones de dólares a cada una de esas naciones para implementar dos de los programas centrales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro.

Se trata de un rediseño de un programa creado por el gobierno mexicano en 2011, el Fondo México, con el propósito de contribuir con el desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe, y con el que se ha financiado más de una docena de proyectos, sobre todo de infraestructura en esas regiones. A mediados de 2019, la administración de López Obrador lo reorientó para atender la crisis migratoria, justo semanas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a menos que México hiciera más para contener la migración irregular.

Tras la firma de los convenios correspondientes con los gobiernos de El Salvador y Honduras, se comenzó con la planeación de la implementación de estos programas, con las mismas reglas de operación que en México y que los depósitos de 250 dólares al mes por beneficiario, llegarán directamente a las personas, sin pasar por la Hacienda pública y respetando las legislaciones de ambos países, dijo Carrillo Cubillas.

Agregó que se tenía entre 70 y 80 por ciento de avance en esos procesos de planeación y registro de los beneficiarios, cuando llegó el Covid-19 y obligó a detener todos los procesos.

“Hoy, los tiempos nos están permitiendo retomar estos programas. En el caso de El Salvador, hace unos cuantos días, finalmente pudimos mandar las primeras dispersiones a los beneficiarios y se tiene también un avance considerable en el caso de Honduras, donde consideramos que la primera dispersión se pueda dar en un mes. Cabe aclarar que las dispersiones son a plazos vencidos, es decir, los beneficiarios cumplen con su parte de trabajar en el programa y, una vez que se ha comprobado que han cumplido, se hace el depósito correspondiente”.

En El Salvador se tienen registrados hasta ahora más de 8 mil beneficiarios, y el primer depósito realizado hace unos días apenas fue para 400 de ellos; mientras que en Honduras hay un registro de mil 500 personas que podrían acceder a los apoyos.

En lo que corresponde a Guatemala, la pandemia impidió la posibilidad de aterrizar el proyecto, y no se concretó la firma del acuerdo entre ambos gobiernos y ahora los fondos que se pretendían asignar a esa nación están en riesgo.

“Debido al proceso de extinción del (fideicomiso) Fondo México, se nos solicita que devolvamos todo el remanente, es decir, ese dinero que se tenía para Guatemala. Está pendiente saber su se va a regresar (recuperar) o no, no sabemos. (Pero) queremos trabajar con lo que tenemos, que vengan mejores tiempos. En Honduras y El Salvador seguiremos trabajando”, enfatizó la funcionaria.

La titular de la Amexcid aseveró que los fondos se ejercen de manera transparente y recordó que el año pasado se firmó un convenio con la Auditoría Superior de la Federación para la revisión de todo el proceso de asignación de los apoyos.

Ante los señalamientos en algunos sectores de que se ha beneficiado a instituciones financieras para la transferencia del dinero, aseveró que se realizaron los análisis necesarios para verificar que los bancos elegidos para esos procesos cumplieran con varios lineamientos: cobertura en todo el territorio (urbano y rural) de las naciones beneficiadas, bajas comisiones por movimientos (transferencias y retiros) y que se brindarán servicios adicionales para los beneficiarios.

Así, informó, las instituciones que garantizaron la capacidad para cumplir con los requerimientos para el caso de la implementación de los programas fueron, Banco Azteca, en Honduras; y Banco de Fomento Agropecuario, en El Salvador.

Dio un ejemplo de la importancia de este Plan en la disminución de los flujos migratorios. “De la caravana (migrante) de enero pasado, más de 80 por ciento de los participantes eran de Honduras, y la que nos entretuvo mucho ayer y antier (que ingresó a Guatemala el jueves pasado) nació en Honduras. Si se dan cuenta, en el caso de El Salvador, donde tenemos más de 8 mil beneficiarios registrados no hay migrantes en estos momentos queriendo entrar a México. Cuando tengamos oportunidad de hacerlo en Honduras (implementar los programas sociales), se notará su impacto en no viajar, en no arriesgarse a una migración irregular, que los pone bastante vulnerables”.