Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard Casaubón calificó como un “hito en la política exterior y de respeto a los derechos humanos”, la aceptación oficial por parte del Estado mexicano de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones individuales.
Recordó que se trataba de una demanda de familiares de desaparecidos, y con esta decisión por primera vez, el Estado mexicano aceptará recomendaciones, comentarios y observaciones internacionales para el esclarecimiento de posibles desapariciones forzadas.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que “en una acción histórica, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la Declaración que formulan los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia del CED con la finalidad de recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas”.
Con esto, se permite a familiares de personas víctimas de desaparición forzada, o a sus representantes, acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados. Hasta hoy, sólo se podía acceder a esta vía mediante solicitudes similares a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a través del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“El gobierno de México reitera su condena a cualquier violación a los derechos humanos de las personas mexicanas y su compromiso de buscar los mecanismos necesarios para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas; y su voluntad de trabajar de manera multilateral para que éstas sean examinadas de manera transparente e imparcial. Con esto, la SRE da muestra de su política exterior en materia de derechos humanos, la cual incluye una apertura al escrutinio internacional a la vez que es sensible a la demanda de familiares de personas desaparecidas”, señaló la dependencia.
El 2 de octubre la SRE, a través de la Misión Permanente de México ante la ONU, envió el escrito firmado por el presidente López Obrador a la sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos del organismo multilaeteral, esto después de ser aprobado por el Senado de la República.
La dependencia recordó que si bien México formaba parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2010, anteriores gobiernos federales omitieron reconocer la competencia del CED para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.
Esta convención incluye modalidades como la restitución, la readaptación y las garantías de no repetición; la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas; el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la denuncia, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación.
La Convención cuenta con el CED, que está integrado por diez expertos “de gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercen sus funciones a título personal y actúan con total imparcialidad”; y que examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los Estados parte para cumplir con la Convención y formula los comentarios, observaciones o recomendaciones que considera apropiados.
El CED también puede examinar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.
Con el reconocimiento total de la Convención, México se suma al de otros 22 países que han aceptado la competencia del CED para recibir y examinar comunicaciones individuales (Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chile, Ecuador, Eslovaquia, España, Francia, Lituania, Mali, Montenegro, Países Bajos, Perú, Portugal, República Checa, Serbia, Suiza, Ucrania y Uruguay).