Santiago de Chile. Las autoridades chilenas presentaron el domingo cargos contra el policía acusado de empujar al río a un joven durante una manifestación en la capital, un hecho que ha causado conmoción en el país y repercusión internacional y que reaviva el debate sobre la brutalidad policial.
Ximena Chong, fiscal de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, solicitó prisión preventiva para el acusado y relató el domingo el acontecer de los hechos ocurridos la tarde del viernes en la manifestación que congregó a cientos de jóvenes en la zona de Plaza Italia.
El joven evoluciona favorablemente y se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la capital donde fue intervenido por lesiones craneales y fracturas de muñeca.
Chong presentó varias pruebas, entre ellas videos de prensa y grabaciones de las propias cámaras de Carabineros y de seguridad de la ciudad para inculpar al agente de policía Sebastián Zamora, de 22 años.
Zamora está acusado de empujar al adolescente de 16 años desde un puente de 7.4 metros de altura a un río con escaso caudal.
Zamora debe enfrentar dos querellas por homicidio frustrado y una tercera por omisión de socorro, puesto que es obligación de la policía atender a las personas en situaciones de riesgo para sus vidas.
Chong especificó que el imputado “se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer de cabeza hacia el Río Mapocho”, continúa, “desplomándose la víctima contra el lecho del mismo río”.
Añadió que el policía "no realiza ninguna acción orientada a evitar la caída. Asimismo, tras constatar lo referido y observar a la víctima boca abajo, inmóvil dentro de la aguas del río, junto al resto de los oficiales de carabineros se retira del lugar”.
Las imágenes del video donde se ve al policía lanzándose contra el joven han dado la vuelta al mundo y han causado conmoción en un país que aún no cierra las heridas abiertas por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la represión de manifestaciones del 18 de octubre, que solicitaban un nuevo modelo económico y reformas sociales.
Los partidos de oposición solicitan la salida del director general de Carabineros, Mario Rozas.
El ministro del Interior Víctor Pérez afirmó el domingo que Chile vivió un fin de semana “amargo y doloroso” y repudió los hechos de violencia aunque respaldó a la institución de carabineros.
El estallido social dejó al menos 31 fallecidos y 8 mil 575 denuncias por violencia institucional, que comprenden a 8 mil 827 víctimas, entre ellas 3 mil 342 denuncias por lesiones con armas, además de torturas, violencia desmedida y abusos sexuales, según los últimos datos de la fiscalía.
