Ciudad de México. La represión de las manifestaciones estudiantiles de 1968, la masacre del 2 de octubre y el encarcelamiento de sus dirigentes, fogueó a los jóvenes que hoy viven bajo el epitafio del viejo régimen que comenzó a escribirse hace 52, pero el fantasma del comunismo inventado por los reaccionarios para descalificar al movimiento es utilizado nuevamente para descalificar la transformación emprendida en el país, advirtieron partidos afines a la 4T en el del Congreso capitalino.
En sesión solemne del pleno para recordar a las víctimas de la masacre en Tlatelolco, grupos parlamentarios de oposición alertaron a su vez contra la militarización, abuso del poder, polarización social y actos de represión e intimidación contra los movimientos sociales por los gobiernos federal y de la Ciudad de México.
Tras rendir un minuto de silencio, el diputado sin partido, Jesús Martín del Campo Castañeda, conectado a la transmisión de la sesión virtual desde el salón de plenos del Congreso, fijó un posicionamiento a nombre del grupo parlamentario de Morena en el que expuso desde su experiencia personas el “régimen de terror” que impuso el Estado contra el movimiento.
“Y qué pasó después, los sucesivos gobiernos federales no hicieron ninguna investigación, pero no sólo eso, sino que durante el gobierno de Luis Echeverría no sólo no se juzgó a los responsables del crimen del 2 de octubre, sino además se realizó otro crimen de Estado en el año 71”, apuntó.
Por la coalición parlamentaria PES, el diputado Fernando Aboitiz Saro, dijo que a 52 años se sigue escuchando en los discursos la exigencia para conocer la verdad, que sigue sin respuesta y actualmente existe un espíritu de cambio no violento, que se propone transformar de fondo las desigualdades, pero alertó que “al igual que en aquellos años, el fantasma del comunismo inventado por los reaccionarios sirvió de pretexto para descalificar un movimiento social y ahora es utilizado nuevamente para descalificar la transformación del país”.
Por el PT, la diputada Circe Camacho Bastida, dijo que a diferencia de otros países de América Latina donde episodios como el del 68 han sido investigados y sancionados, ninguna de las personas responsables de la masacre del 2 de octubre y de otras incontables violaciones a los derechos humanos en esa época fueron sancionados por un “pacto de impunidad que nos ha perseguido en el tiempo”, pero que hoy ya no forma parte de la política de Estado.
La diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, advirtió que no se puede hablar de transformación del país, ni de la ciudad, si no se escucha y se incluye la visión de los jóvenes y sus demandas se traducen en acciones concretas.
A nombre del PAN, el diputado Héctor Barrera Marmolejo denunció que el autoritarismo y la opresión de aquella época comienzan de nuevo a surgir en la ciudad con la represión de las manifestaciones de mujeres y del denominado Frente Nacional Anti Amlo (FRENA), en tanto que el diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, cuestionó que por primera vez en 52 años no se conmemora la masacre con una marcha, no por la pandemia, sino por la división política y la desarticulación de los movimientos sociales, víctimas de “un sistema corrupto, autoritario y opresor”.
En representación del PRI, el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, cuestionó que se utilice al Ejército para realizar funciones de policía y se le utilice para contener manifestaciones como ocurrió en Chihuahua.
