Caracas. La Unión Europea (UE) finalmente ratificó su posición inicial: no asistirá a las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela. El anuncio llegó en un contexto de fuertes presiones diplomáticas e incluso militares, como la presencia el día jueves, denunciada por la cancillería, de un buque destructor de misiles guiados del Comando Sur de Estados Unidos a 16,1 millas náuticas de las costas venezolanas.

“No existen las condiciones para que tenga lugar un proceso electoral, justo y democrático”, afirmó el comunicado de prensa del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) emitido luego de la visita de dos integrantes del SEAE a Caracas, donde se reunieron con Juan Guaidó, “todas las fuerzas de oposición”, la Conferencia Episcopal, “la sociedad civil y el sector privado”, según fue informado.

La posibilidad de que la UE reconociera la contienda estaba relacionada, centralmente, a la postergación de la misma: “sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales la UE no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral”.

La UE ya había anticipado su posición el 17 de septiembre luego de una reunión del Grupo Internacional de Contacto (GIC), auspiciado por la UE, en el cual se habían acordado los mismos puntos ahora ratificados. La visita de los integrantes del SEAE era -o así parece- la última carta para lograr un acuerdo que llevara al reconocimiento y envío de una delegación oficial para el 6 de diciembre.

 Las presiones públicas antes de conocerse la resolución final fueron muchas. En los últimos días, por ejemplo, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Benjamin Cardin enviaron una carta a Josep Borrell instándolo a no reconocer la contienda. A su vez, un arco de dirigentes y partidos de derecha enviaron una carta al presidente del Consejo Europeo, Charle Michel, para denunciar a Borrell por sus “incongruencias y nefastas consecuencias (…) por sus iniciativas políticas promovidas en conjunción con el gobierno de España”

La carta fue firmada por sectores abiertamente golpistas en Venezuela, como María Corina Machado, Enrique Aristeguieta, Humberto Calderón Berti, y un arco de fuerzas de derechas -ya reunido en otras iniciativas- que abarca a actores como Álvaro Uribe, el PAN de México, el PRO de Argentina, así como el Partido Popular, Ciudadanos y VOX de España. La iniciativa fue tanto para desacreditar a Borrell, presionar para un no reconocimiento del 6 de diciembre, como para atacar al gobierno español: Venezuela es un dispositivo de política internacional y doméstica a la vez.

La decisión de la UE trajo consecuencias predecibles. Una de ellas fue la decisión de Capriles Radonski de no presentar candidaturas. Ya había anticipado que no participaría en caso de no estar presente la observación internacional europea. “Esta elección tiene que ser postergada. Exigimos que sea postergada”, afirmó el miércoles por la noche. Su anuncio fue acompañado por el de Stalin González, otro dirigente de la oposición, que había decidido alejarse de la hoja de ruta de Guaidó.

El mapa electoral nacional e internacional se asemeja ahora a la situación del mes de agosto: sin nuevo reconocimiento internacional, y con los mismos actores políticos internos que participarán. Maduro ratificó que las elecciones tendrán lugar el 6 de diciembre, para lo cual se han inscrito 107 organizaciones políticas y más de 14 mil candidatos y candidatas a nivel nacional, según informó el Consejo Nacional Electoral.

Varios de los dirigentes opositores que se presentarán han sido, a su vez, sancionados por Estados Unidos, que en las últimas semanas desplegó numerosas acciones para impedir que crezca la participación de fuerzas políticas de cara al 6 de diciembre. La política actual de Washington es impedir que el conflicto político se encauce por vía electoral mientras Maduro siga en la presidencia.

Eso ha significado tres cosas más. Por un lado, cinco nuevas recompensas millonarias por parte del gobierno estadunidense, la más elevada de 10 millones de dólares. Diferentes actores que forman parte de intentos de acciones armadas hablan públicamente de extradiciones/extracciones de dirigentes del chavismo. Junto con esas amenazas, tuvo lugar la nueva maniobra de un barco de guerra estadounidense cerca de las costas venezolanas.

Por otro lado, el gobierno estadunidense ratificó que mantendrá su apoyo a Guaidó hasta tanto se logre la “libertad”. En vista fabricar una legitimidad a su permanencia sin Asamblea Nacional electa, la oposición que se mantiene alrededor de la estrategia de no participación electoral, anunció que realizará una Consulta Popular para “rechazar el fraude” del 6 de diciembre, y autorizar “todas las acciones nacionales e internacionales”.

Por último, las sanciones económicas amenazan con afectar más el comercio que aún realizan algunas grandes empresas petroleras extranjeras en el país, y golpear, por ejemplo, la importación de diésel. El impacto del bloqueo ha afectado los ingresos estatales: Maduro informó que a la fecha del 28 de septiembre solamente ingresaron al Banco Central de Venezuela, desde entes públicos, 477 millones de dólares, y anunció que será tratada una ley anti-bloqueo en la Asamblea Nacional Constituyente.

En ese contexto se presentaron escenarios de protestas en diferentes partes del país, marcados por necesidad de servicios como gas, luz, agua, gasolina y bajos salarios. La oposición llama a movilizar y busca conducir lo que podría ser un aumento de conflictos, aunque, por el momento, no ha logrado ponerse a la cabeza producto de su crisis de liderazgo y, en términos más generales, de un desgaste general de la política en amplias franjas de la población.

El último trimestre del año anuncia entonces fuertes presiones y posibles confrontaciones políticas. Las elecciones del 6 de diciembre pueden ser un parteaguas, no solamente por la fecha en sí, sino por lo que seguirá después.